La Asamblea Nacional no envió este 21 de marzo de 2023, el pedido de juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso a la Corte Constitucional.

Esto, pese a que el martes cinco de los siete integrantes del Consejo de Administración Legislativa (CAL) admitieron a trámite y aprobaron la moción que disponía remitir el documento a los jueces constitucionales, lo que se entendía sería inmediato.

El panorama cambió radicalmente luego de que se detectaran una “serie de errores” en el documento con el que se busca sustentar el enjuiciamiento y que no fueron advertidos ni por el CAL ni por la Unidad Técnica Legislativa (UTL) que también revisó la solicitud presentada por Viviana Veloz (Unión por la Esperanza); Pedro Zapata (Partido Social Cristiano); Rodrigo Fajardo, de una de las facciones de Izquierda Democrática; y la disidente de Pachakutik, Mireya Pazmiño.

Esto llevó a que incluso los integrantes del CAL no descarten la posibilidad de reconsiderar la votación para volver el proceso al inicio y luego mocionar que los interpelantes completen la información, es decir, que corrijan los yerros. Eso se definirá a las 19:30 de este 21 de marzo.

La oposición salió a defenderse. Esteban Torres, jefe del bloque del PSC, dijo que ningún documento es perfecto, pero que lo lógico es que vaya a la Corte con la menor cantidad de errores para que no corra riesgos de archivo. “Lo que se ha dicho respecto a una mala citación de los artículos no influye como tal en el fondo de la situación”, señaló, y no descartó la devolución del documento a los proponentes para las correcciones del caso.

Si eso sucede, lo más seguro es que el pedido sea enviado al ente constitucional la semana entrante y corran los seis días plazo para que emita un dictamen de admisibilidad desde que se entregue el expediente al juez que resulte sorteado.

La legisladora por UNES, Gisella Garzón, incluso explicó que hay un principio que faculta a los jueces constitucionales a que si hay un error o algo falta por incluir lo puede corregir, de acuerdo a su potestad.

La serie de errores que se han encontrado desde que se presentó la solicitud, el 16 de marzo pasado, ha levantado las sospechas de bloques como el de Pachakutik que relacionan la fuga de María de los Ángeles Duarte y la posible libertad de Pablo Romero, figuras del correísmo, con un pacto para que el pedido de juicio se caiga en la Corte, justamente por la cantidad de equivocaciones.

La legisladora oficialista Ana Belén Cordero lo descartó y aseguró que el Gobierno no se atrevería a pactar con “analfabetos constitucionales” y que esta serie de errores son producto del apuro de por defenestrar al primer mandatario.