Un equipo dara solucion a 800 titulos represados en la Estatal

Hace seis meses Andrés Cuzme, de 27 años, egresó de la facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil, una vez que completó su malla curricular, prácticas docentes y vinculación con la sociedad. Sin embargo, no ha recibido hasta ahora su título profesional, que está retenido por el mal manejo del proceso de titulación por parte de administraciones anteriores.

En esa situación hay 800 casos, de los cuales 400 presentan inconsistencias en la documentación requerida y los demás serán analizados para buscarle pronta solución.

Roberto Passailaigue, rector y presidente de la Comisión Interventora y de Fortalecimiento Institucional (CIFI) del alma mater, inició ayer la reorganización de la facultad de Jurisprudencia y encargó el decanato a Carlos Villacreces Pincay, un docente con 30 años de trayectoria en este centro de estudios, quien reemplaza a Adolfo Ruiz.

Villacreces, será el encargado de solucionar esta problemática, junto a un equipo de trabajo conformado también por el vicedecano Tito Palma, coordinadores de titulación, de consultorios jurídicos, de prácticas profesionales y profesores antiguos. La CIFI apoyará la tarea mediante una auditoría interna.

“Faltan firmas, notas por asentar, no existen las actas de prácticas preprofesionales, del área de vinculación con la colectividad y no hay documento de sustento”, explicó el rector durante una reunión que mantuvo con los nuevos directivos de Jurisprudencia, en la cual aseguró que el problema será solucionado para no perjudicar a los estudiantes.

Tampoco se quiere entregar títulos a quienes no hayan cumplido las disposiciones legales, como los 28 que se otorgaron en la misma facultad durante la administración del exrector Galo Salcedo, lo cual originó su destitución en octubre de 2018, luego de ser observado por la Contraloría del Estado.

Passailaigue no dio plazos para la culminación de esta tarea porque, según dijo, se necesita una mayor reglamentación, una hoja de ruta real y analizar caso por caso, para luego tomar las medidas sancionatorias por los procesos que no han sido bien manejados.

Mientras, los egresados esperan que la entrega de títulos no se siga retrasando más, ya que están gastando dinero y perdiendo oportunidades al no poder ejercer su profesión.

Este es el caso de Cuzme, quien aparte de no ejercer como abogado, debe viajar diariamente desde Manabí, provincia en la que reside, hasta Guayaquil, para conocer si sus notas ya han sido subidas al sistema informático de la universidad. “Gasto más de 15 dólares diarios, entre pasaje y comida, sin poderlos recuperar porque no tengo trabajo”, se lamentó.

Carmen Molina, otra egresada que asegura haber cumplido con todos los requisitos de titulación, exhortó al equipo universitario a evacuar lo más pronto posible su caso y los de otros compañeros que están en las mismas circunstancias.

Lucha contra la corrupción continúa

Roberto Passailaigue ratificó su compromiso de trabajar para erradicar las prácticas de corrupción en este centro de estudios. Desde el 15 de octubre pasado está al frente de la Comisión de Intervención, cuyo periodo de labores de 90 días se cumple hoy. Pero el miércoles pasado el Consejo de Educación Superior (CES) resolvió ampliar su tarea por 24 meses, tras evidenciar irregularidades académicas, administrativas y financieras de las anteriores administraciones.