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Ente policial tiene bonos en mora emitidos por la empresa Odebrecht

El Servicio de Cesantía de la Policía Nacional busca recuperar inversión en papeles hecha en 2011. Los instrumentos están impagos desde hace dos años

FOTO SCPN
El Servicio de Cesantía de la Policía Nacional tiene su oficina matriz en la ciudad de Quito.RENÉ FRAGA

Las contingencias por inversiones de recursos colocados en mercados financieros alcanza a otra entidad vinculada a la Policía.

El pasado 22 de julio, el Servicio de Cesantía de la Policía Nacional (SCPN), entidad que recauda y administra aportes personales y patronales de personal cesante de la institución uniformada, contrató a un estudio jurídico quiteño para recuperar una inversión internacional en bonos de la compañía Odebrecht.

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El objetivo de ese encargo es recobrar valores impagos producto de esas inversiones que se encuentran en ‘default’ (suspensión de pagos), según se lee en el compromiso contractual firmado entre el coronel Cristian Barreiros, director ejecutivo del SCPN, y Diego Peña García, representante del estudio jurídico Cevallos Mora & Peña Abogados & Consultores.

El patrocinio jurídico de la entidad policial se obliga a partir de acciones extrajudiciales hasta llegar a los trámites judiciales, de ser viable, para recuperar las acreencias.

Una irregular adquisición de bonos por parte del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol), que pone en riesgo la recuperación de $ 532 millones, es ahora mismo motivo de investigaciones por parte de las autoridades.

Consultada por EXPRESO, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, precisó que, a diferencia de la estructura del Isspol, esa cartera de Estado no tiene ninguna participación en el SCPN sino solamente la Policía Nacional.

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Los detalles sobre la inversión realizada por el Servicio de Cesantía fueron solicitados por este Diario el pasado 6 de octubre al director ejecutivo del SCPN, pero hasta el cierre de esta nota no hubo respuesta.

Sin embargo, algunos datos se revelan entre los documentos que acompañan el proceso de contratación de la asesoría jurídica, publicados en el portal de Compras Públicas del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop). 

El 17 de octubre de 2011, el SCPN adquirió bonos en el mercado internacional, que tienen un valor nominal de $ 300.000 y cuyo emisor es la compañía brasileña Odebrecht. Esos papeles pagan una tasa de interés del 7,50 % y el valor del interés trimestral es de $ 5.625. El vencimiento de esos instrumentos es el 15 de septiembre de 2049, fecha cuando se paga la totalidad del capital.

Los intereses de los bonos están en morosidad desde hace dos años. La fecha del último pago fue el 17 de septiembre de 2018. El SCPN debe recuperar intereses pendientes de diciembre de 2018; de marzo, junio, septiembre y diciembre de 2019; y de marzo de 2020, de acuerdo con lo que reporta la entidad policial en su documentación.

EXPRESO consultó sobre el caso a Verónica Lojan, presidenta de la filial de Odebrecht en nuestro país, hoy rebautizada como CNO S. A. La directiva respondió que “Ni CNO Sucursal Ecuador ni Constructora Norberto Odebrecht del Ecuador han emitido papeles en el mercado de valores de Ecuador ni en el mercado internacional”.

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La sucursal dirigió la inquietud de este medio al área responsable de Comunicación Regional del holding, cuya sede se encuentra en Brasil. Su dirección de Comunicación Corporativa puntualizó que los bonos emitidos por Odebrecht Finance fueron colocados de forma abierta para negociación en el mercado financiero internacional.

“Estos bonos fueron adquiridos -sin cualquier interferencia de CNO y/o sus sucursales en Ecuador- a través de bancos y agentes de bolsas, de forma voluntaria por más de 2.000 inversionistas individuales de varias partes del mundo, incluyendo fondos de inversión de alto nivel y reputación”, aclaró el área portavoz de la compañía brasileña.

Deudores, en Estados Unidos

La alerta interna sobre el incumplimiento en el pago la dio el Departamento de lnversiones del SNCP el 5 de julio de 2018, según se reseña en los documentos subidos al portal de Compras Públicas. Un año después, el ente resolvió disponer las acciones legales para recuperar los valores de la inversión. Se decidió contratar, por $ 33.000, un abogado externo especializado en el tema, “al no contar con personal especialista de derecho bursátil”.

El contrato estipula que si no se logra la recuperación mediante acciones extrajudiciales, el patrocinio jurídico “debe interponer acciones legales en contra de los deudores ante los organismos jurisdiccionales encargados de la administración de justicia en EE. UU.”.

EL DETALLE

Regulación. La Superintendencia de Bancos es el organismo de control del Servicio de Cesantía de la Policía Nacional.