Rapidez o lentitud, dependiendo de los ojos con los que se mire. Acciones de protección, modificaciones al reglamento y órdenes judiciales para que regrese a fases anteriores son, entre otros, los obstáculos que han hecho que el concurso para la designación del titular de la Contraloría General del Estado tenga más de dos años sin resultados.

El 27 de septiembre de 2023, sumó un nuevo escollo. El aspirante a contralor Guido Escobar presentó en el Complejo Judicial Norte de Quito una nueva acción de protección con medida cautelar para que se suspenda la continuación del proceso mientras no se resuelva su reclamo sobre la reducción “injustificada” de diez puntos en su calificación de méritos.

Hasta la tarde, la defensa del postulante no recibió una respuesta, pero si el Tribunal Penal que conoce el caso otorga la medida cautelar, la prueba escrita, prevista para este sábado 30 de septiembre, quedaría en suspenso nuevamente hasta que se desarrolle una audiencia y haya una decisión judicial.

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Han pasado tres diferentes formaciones del pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) sin que pueda designar al titular de la entidad de control. La actual es la cuarta y nada garantiza que lo lograrán antes de que la Corte Constitucional (CC) se pronuncie sobre si incumplieron un dictamen de 2019, lo que podría acarrear su destitución.

Una de las primeras ocasiones en las que se habló de iniciar el concurso de contralor fue en mayo de 2021, bajo la presidencia de Sofía Almeida y dos meses más tarde se aprobó el primer reglamento que fue criticado por la minoría del organismo al considerar que las reglas del juego planteadas eran las mismas con las que se designó a Carlos Pólit, ahora prófugo por corrupción, aunque se había dicho que serían diferentes y tendría en cuenta los aportes de la sociedad civil.

Entre mayo de 2021 y febrero de 2022 la pugna interna por la presidencia del CPCCS no permitió que el concurso avance. En marzo, ya con Hernán Ulloa a la cabeza del organismo, se vuelve a codificar el reglamento. Siete meses después recién se conforma la Comisión Ciudadana de Selección y en noviembre de ese año se hace la convocatoria y se inscriben los 103 candidatos.

Cuando parecía que se ponía ‘el pie en el acelerador’, en parte, porque en la Asamblea Nacional se cocinaba un juicio político para deshacerse de la nueva mayoría, llegó antes la decisión de la Corte Constitucional de destituir a todos los consejeros por no acatar una disposición judicial.

En abril, durante la breve administración de Gina Aguilar ingresa otra acción de protección y un juez ordena que el concurso regrese a la fase de revisión de requisitos de los postulantes lo que retrasa el inicio de la calificación de méritos y ya con Alembert Vera se cumple la disposición y se vuelve a codificar, por tercera vez, el reglamento.

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Aunque asegura que el pleno tiene poco o nada que ver en el proceso de designación, Vera ha destacado que en los últimos meses (asumió en mayo) el concurso finalmente ha avanzado y su plan era que a mediados o finales de octubre esté concluido, aunque puede demorar más.

Sin embargo, esta celeridad le resulta “extrañísima” a la vicepresidenta del CPCCS, Nicole Bonifaz, que cree que si la Corte Constitucional determina que Vera debe ser destituido, quienes queden en el organismo deberán revisar cada uno de los pasos que se han dado en el concurso, especialmente los reclamos de algunos postulantes a las decisiones de la Comisión Ciudadana de Selección lo que podría modificar el rompecabezas de la selección y sus tiempos.

Preguntas se harán públicas

Mientras no exista una decisión y notificación sobre la medida cautelar solicitada por Escobar, el concurso continúa.

Es así que, de acuerdo al cronograma de la Comisión de Selección, este jueves se deberá publicar el banco de 2.000 preguntas elaborado por la comisión académica conformada para el efecto. Así mismo, 24 horas después de la prueba se darán a conocer las calificaciones.

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