Un plan que no vislumbra integralidad. Pese a la innegable reducción de las muertes violentas diarias y la toma del control de los centros penitenciarios del país, analistas consultados por este Diario sostienen que la respuesta del Gobierno ha sido incompleta.

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Durante los primeros 60 días de emergencia, la represión ha sido la principal estrategia del denominado plan Fénix, además de una campaña de nacionalismo emprendida desde el Ejecutivo. Sin embargo, según el excomandante general del Ejército, Luis Altamirano, existen aristas aún sin abordar.

“La situación de seguridad no se puede valorar exclusivamente por la reducción de la tasa de homicidios. Hay varios otros aspectos por trabajar, como el eje de justicia, el eje de las fuerzas de seguridad y el eje social”, sostiene el general en servicio pasivo del Ejército.

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En el ámbito judicial, Altamirano resalta la urgencia de que exista una iniciativa de reforma al sistema de justicia por parte de las funciones del Estado. Sobre todo para depurar y corregir la penetración del crimen organizado y el narcotráfico, como lo desvelaron los casos Metástasis y Purga.

Misma depuración y corrección que, según el excomandante general del Ejército, debería estar sucediendo en las fuerzas del orden. En especial, en la Policía Nacional, que es la entidad que ordinariamente está a cargo de la seguridad ciudadana de los ecuatorianos.

¿Está haciendo el Gobierno algo al respecto? Según Altamirano, eso es algo complicado de conocer, ya que el Ejecutivo nunca brindó mayores detalles respecto al alcance y la profundidad de su plan de seguridad, sobre todo en las acciones del ámbito social.

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De hecho, según Bernarda Ordóñez, exsecretaria de Derechos Humanos, el eje social debería ser uno de los principales aspectos previstos por el Gobierno Nacional para que sus medidas contra el crimen organizado se puedan mantener a lo largo del tiempo y ataquen las causas, no los efectos.

“Ecuador no puede pretender ser quien resuelva el problema del crimen organizado y del narcotráfico que afecta a tantos países. Sin embargo, sí puede luchar contra la captación de niños y jóvenes invirtiendo en lo social”, acota y resalta que este es un primer paso esencial hacia el combate efectivo al crimen.

Al igual que Altamirano, Ordóñez hace hincapié en que la represión por parte de la fuerza pública podrá contener la violencia durante el estado de excepción, pero que eso no resuelve los múltiples factores que ‘arrastran’ a los más jóvenes hacia el crimen organizado, como la pobreza y la violencia de género.

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Este Diario intentó contactarse con la ministra de Inclusión Económica y Social, Zaida Rovira, para consultarle su participación en el plan Fénix. Sin embargo, el equipo de comunicación del Ministerio quedó en agendar una entrevista con este Diario para abordar la inquietud con mayor amplitud.

Tener mayor claridad en estos aspectos, según continúa Altamirano, ayudará a cristalizar el apoyo de diferentes sectores que ya han mostrado su aprobación a la gestión del Gobierno. Sin embargo, de no existir integralidad, se corre el riesgo que la campaña de comunicación se desgaste pronto.

• ¿La guerra interna solo es discursiva?

Para el jurista y director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, Mauricio Alarcón, uno de los principales retos del Gobierno de Daniel Noboa es mantener el ritmo en la declarada guerra interna.

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Aunque señala que sigue siendo pronto para saber qué vendrá después del estado de excepción, dice que lo más probable es que el presidente encuentre la forma de mantener la situación durante el 2024.

Sin embargo, mantener el ritmo, sigue, dependerá de cómo el Gobierno mantiene y mejora los resultados obtenidos por el estado de excepción. Mismos que ya deberán empezar a sentirse en las calles.

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