Un visto bueno con recomendaciones, así avaló la Corte Constitucional (CC) a la renovación del estado de excepción que decretó el pasado 10 de octubre, el presidente Lenín Moreno, en los 48 centros carcelarios del país.

El dictamen fue emitido el pasado martes, por el pleno de la CC, con voto de mayoría de siete de los magistrados, quienes en su análisis recordaron que es el segundo año consecutivo en que el mandatario declara un estado de excepción con base en la misma causal y sobre hechos que afectan la situación carcelaria del país, extendiendo las declaratorias hasta el máximo del tiempo permitido por la Constitución y a todo el territorio nacional, sin justificar de forma expresa las razones.

No obstante de esas observaciones, la CC resolvió la constitucionalidad del decreto 1169 que amplía por treinta días más la medida, por conmoción interna en todos los centros de privación de libertad que integran el sistema a nivel nacional, sin exclusión alguna, en atención a las circunstancias de violencia social que se han producido al interior de dichos centros. Especialmente en las cárceles de Guayaquil, como la Penitenciaría del Litoral, donde el pasado 3 de agosto 11 reos murieron y seis policías resultaron heridos de gravedad, tras un enfrentamiento entre bandas rivales que buscan tomar el control de los centros carcelarios, por la venta de drogas. El 30 de mayo de 2019, se produjo una masacre similar. Seis privados de la libertad fallecieron por distintas causas, uno de ellos incinerado, durante un motín. Ocurrió quince días después de un estado de excepción que se decretó justamente para disminuir la violencia en las cárceles.

El máximo organismo de control advirtió que la situación ha llegado al punto que no puede ser superada a través del régimen constitucional ordinario, y ha requerido de distintas declaratorias de estados de excepción y renovaciones. “Esto responde a la falta de actuación oportuna y adecuada por parte del Estado para atender problemas estructurales que históricamente han afectado los derechos de las personas privadas de libertad, así como la seguridad y convivencia pacífica en los centros de privación de libertad en el país.

De allí que dispuso al presidente Moreno que, en el término de veinte días, contados desde la finalización de la renovación del estado de excepción (10 de noviembre), remita a la CC y a la Defensoría del Pueblo un plan de acción a mediano y largo plazo para afrontar la crisis carcelaria mediante el régimen ordinario; además del informe de la terminación de la medida.

ENTRELÍNEAS 

Defensa

La CC dispuso que la Defensoría del Pueblo continúe con el seguimiento de la implementación de las medidas dispuestas en la renovación del estado de excepción. En caso de detectar violaciones a derechos constitucionales, deberá activar los mecanismos y acciones necesarias previstas en la ley.

Bandas

Los enfrentamientos entre los privados de la libertad en cárceles como las de Guayaquil; El Turi, en Cuenca; y Cotopaxi, Latacunga, han sido asociadas a bandas delictivas como los Choneros, los Lagartos, Gorras, los Rusos y los Cubanos, cuyos líderes han sido asesinados dentro y fuera de la prisión.

Israelí 

El estado de excepción se decretó tras el asesinato del ciudadano israelí Shy Daham, registrado el pasado 8 de agosto, en el Centro de Detención Provisional de Guayaquil. El extranjero implicó al primogénito del expresidente Abdalá Bucaram en una venta de medicinas, durante la pandemia.