Una fuga masiva de internos en la cárcel de El Rodeo; intentos de amotinamientos en el Centro de Detención Provisional Quito y en el centro penitenciario de Cañar; una riña entre reos del Centro de Rehabilitación Social de Machala, con un saldo de cinco heridos; y como último suceso, el asesinato de un jefe de guías penitenciarios en el parqueadero de la Penitenciaría del Litoral en Guayaquil.

Estos hechos violentos han acontecido durante octubre, poco tiempo después de terminada la vigencia de un decreto de excepción en las prisiones que, a lo largo de tres meses, se propuso enfrentar la crisis de seguridad que atraviesa el sistema de rehabilitación social del país.

El decreto disponía la movilización de militares y policías en la ejecución de acciones para mantener el orden y prevenir acontecimientos de violencia en las cárceles.

¿Qué resultados obtuvo la medida gubernamental concebida para atacar una crisis que en 2019 carga con más de veinte muertes en esos establecimientos?

La disminución del hacinamiento carcelario en un 2 % y de la violencia dentro de los centros penitenciarios, así como el inicio de un proceso de formación de agentes de seguridad penitenciaria son resultados que destaca como positivos el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y a Adolescentes Infractores del Ecuador (SNAI).

Según un reporte de la entidad, se hizo una inversión de $ 2 millones en tecnología de vigilancia. Edmundo Moncayo, director general del SNAI, destacó como un logro la clasificación de presos adultos mayores, adultos en los centros penitenciarios, y de los menores de edad en los establecimientos para adolescentes infractores.

En el informe, Moncayo resaltó también la implementación de comedores en cinco centros de privación de libertad.

Pero voces de entendidos señalan a EXPRESO que el estado de excepción no ayudó a recuperar el control de las cárceles. “Ni siquiera atenuó la violencia”, puntualiza Luis Vera, exdirector penitenciario y catedrático universitario, quien cree que ese régimen emergente fue un fracaso durante y después de su aplicación.

“Las cárceles no se pueden militarizar. Incluso, pese a estarlo en el perímetro de esos centros, hubo fugas de presos. Eso quiere decir que durante y después de la vigencia del decreto ha seguido el descontrol”, comenta el experto.

Vera cree que un efectivo proceso de clasificación de presos en cada centro penitenciario, previo una evaluación individual psicológica y psiquiatría para medir su grado de peligrosidad, contribuiría a minimizar la situación de riesgo en esos establecimientos.

“No sabemos qué es lo que se implementó durante el estado de excepción”, cuestiona por su parte Jorge Villacreses, máster en Criminología, quien considera también que fracasó el propósito de la emergencia carcelaria.

“No se ha podido corregir, por ejemplo, el hacinamiento, que llega al 40 %. Se debió implementar, sobre todo, sistemas tecnológicos que ayuden a los filtros a evitar que grupos de poder introduzcan armas, droga y alcohol, con lo cual obtienen el control de ciertos pabellones”, menciona.

Villacreses cree necesario hacer una nueva intervención de emergencia en el sistema carcelario, pero con los suficientes recursos para enfrentar la problemática existente en las prisiones.