“No parches, transformación”: La transformación de la educación superior es un reto estratégico para el nuevo gobierno del presidente Guillermo Lasso. En el mediano plazo impulsa la movilidad y el reconocimiento social tanto de jóvenes como de adultos. En el corto plazo implica el acceso a la educación superior y la reducción de la deserción estudiantil. Aquí está el problema de la frustración de expectativas de quienes no encuentran cupos para estudiar en las universidades o no pueden hacerlo en las carreras para las que se consideran aptos vocacionalmente. Estas frustraciones se traducen en malestares sociales que de repente se conectan con otros malestares, sin ninguna racionalidad causal y se convierten en verdaderas bombas para la gobernabilidad del sistema. Precisamente, el malestar estudiantil es factor común en las protestas ocurridas recientemente en la región, como Chile, Perú o Colombia. Estas frustraciones aparecen en escena a propósito de medidas consideradas impopulares, como la subida de los pasajes en el metro, en el caso de Santiago; la vacancia ilegítima de un presidente en el Perú o la propuesta de una reforma tributaria en Colombia. El espacio de la educación superior está conectado con los demás espacios de la sociedad.

El actual sistema de educación superior vigente impide cumplir este reto estratégico. Se basa en un modelo excluyente de la diversidad, diseñado exclusivamente para el control del Estado, altamente burocrático que entiende la calidad académica como equivalente al cumplimiento de múltiples regulaciones y requisitos. Por ello, no hay lugar en la actual coyuntura para reformas parciales o parches.

No estamos en 2010: adiós al pasado. Pero más allá de los posibles problemas originados por estas frustraciones, la educación superior debe responder a la necesidad de la transformación del Ecuador y abrir el futuro de cientos de miles de jóvenes en la coyuntura inédita por los avances de la tercera revolución industrial. El actual modelo de educación superior diseñado en 2010 en el contexto de un estatismo hegemónico y burocrático posible solo por el alto precio del petróleo en el mercado internacional, no puede asumir disrupciones. Vivimos muchas: el cambio de mentalidad de los jóvenes relacionado con la virtualidad y la crisis de los valores vigentes, la pérdida de la presencialidad tradicional de la enseñanza que exige nuevas formas de enseñanza, la experiencia de la COVID, la desaparición de empleos y profesiones. El mundo de la educación superior ha dejado de ser un espacio cerrado, privilegiado de saber. Es, como dice Barnett, un ecosistema de conocimientos en interconexión con múltiples otros ecosistemas”.

En otras palabras, “el sistema presencial masivo homogéneo”, al que responde tanto la Ley Orgánica de Educación Superior, (LOES) 2010, como incluso la de 2018, “…ya no se ajusta eficazmente en las mismas dimensiones que antes frente a la creciente diversidad de los estudiantes, a una dinámica donde el aprendizaje se produce con recorridos cada vez más diferenciados y donde se requiere de una atención individualizada y flexible, y donde hay nuevas tecnologías en la acera de enfrente”. En breve, la educación superior del país ha estado determinada durante más de una década por los imperativos de un sistema controlador, cuya función central es la de expedir reglamentos, exigir informes y controlar la vida universitaria.

De Senescyt a la nueva LOES: Durante la campaña presidencial, el presidente electo señaló dos objetivos de su gobierno en educación superior: la eliminación de la Senescyt y el envío a la Asamblea del proyecto de una nueva ley orgánica del sistema. Es decir, la transformación del actual sistema de educación superior. La falta de acceso a las universidades es sino la punta del iceberg de un problema estructural: la rigidez y burocracia del sistema que impide a las universidades e institutos decidir estrategias y políticas disruptivas que les permitan ser innovadoras.

Hay que redefinir las funciones del Senescyt pero también del Consejo de Educación Superior (CES). El Consejo de Aseguramiento de la Calidad (Caces) no puede ser sino una agencia de validación de acreditaciones y no el acreditador. Las universidades deben asumir su autonomía de cara a la sociedad, que es la beneficiaria de su calidad. El Estado debe pasar de su condición de garante de calidad y acceso. a facilitador de las mismas.