Movimientos ambientalistas e indígenas plantean su posición. Declarar una moratoria para el cierre del Bloque 43-ITT, para mantener recursos para el conflicto interno, es inconstitucional y afecta a la seguridad jurídica del país, aseguraron este 25 de enero de 2023 representantes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y del colectivo ambientalista Yasunidos. 

(Le invitamos a leer también: Editorial: Moratoria del ITT, un debate necesario)

Las declaraciones fueron emitidas tras el pronunciamiento del presidente de la República, Daniel Noboa, acerca de la posibilidad de aplazar el cierre del bloque petrolero que está en el Parque Nacional Yasuní, tras el triunfo del ‘sí’ en la consulta popular de agosto de 2023, con lo que se dispone el cierre de las actividades petroleras en la zona en el plazo de un año, hasta el 31 de agosto de 2024.

Asambleístas de diferentes bancadas han planteado la posibilidad como una alternativa para no subir el Impuesto al Valor Agregado (IVA).  

“Esa categoría no existe en el orden jurídico y constitucional del Ecuador (la moratoria). Ni en la Constitución de la República ni en las leyes. Ahora, que usted quiera romper con un sentido oportunista y politiquero toda la normativa del Ecuador, entonces lo hará, pero nosotros no la aceptamos”, dijo Leonidas Iza, en ruda de prensa. 

El representante de Yasunidos, Pedro Bermeo, señaló que si no se acata el cierre del Bloque 43-ITT en el plazo de un año, como se estableció en la consulta popular, presentarán acciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Además, la situación también puede implicar una posible destitución del presidente de la República por no acatar “la voluntad popular”. 

Sobre la posibilidad de un nuevo referéndum o incluir la pregunta para aplazar el cierre del Bloque-43 ITT en la consulta popular, tanto Yasunidos como la Conaie no están de acuerdo porque ya se consultó hace cinco meses. “Como nos hablan de seguridad jurídica si cada seis meses cambiamos de posición. Por qué no se respeta la voluntad popular”, aseguró Bermeo. 

Sobre el aumento del IVA, tanto la Conaie como Yasunidos no están de acuerdo y plantean la posibilidad de deshacer la última remisión tributaria o perdón de impuestos, aprobada en la última reforma de diciembre de 2023, con la cual se “regaló 1.400 millones de dólares” a los empresarios. También están de acuerdo con medidas como el impuesto a las utilidades de los bancos. 

Por ahora, descartan movilizaciones, dijo Iza. “Si es que vamos a una movilización la decidiremos públicamente. No tenemos que ocultar. En este momento no está definido absolutamente nada”.  

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!