No será un camino fácil. Buscar una moratoria para dejar de producir petróleo en el Bloque 43-ITT, tras la consulta popular de agosto de 2023, tendrá complicaciones.

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El presidente de la República, Daniel Noboa, aseguró ayer que es “un camino viable” aplazar el cierre del bloque petrolero, cuya producción actualmente supera los 54 mil barriles por día (BPD), el 11 % de toda la industria nacional petrolera.

Con el triunfo del sí para frenar la actividad hidrocarburífera en el parque nacional Yasuní, la Corte Constitucional (CC) estableció un año para ‘apagar’ el bombeo de crudo en la zona, es decir, hasta el 31 de agosto de 2024.

En principio, en campaña y tras haber sido elegido como presidente de la República, Noboa minimizaba el impacto del cierre de operaciones del Bloque 43-ITT bajo el argumento de que el costo de producción es elevado para Petroecuador. De hecho, había manifestado que votará a favor de frenar la actividad petrolera en la zona.

Pero en medio de la “guerra interna” y la crisis fiscal que atraviesa el país, el primer mandatario cambió de parecer.

Petroecuador ha señalado que se perderán ingresos por 1.200 millones de dólares. Las organizaciones ambientalistas han sostenido que esas cifras no son reales. Mientras que calificadoras de riesgo y banca de inversión han calculado unos 600 millones de dólares en reducción de ingresos directos para la caja fiscal.

En días pasados, asambleístas de las bancadas correístas y socialcristianas plantearon esa posibilidad como una alternativa para no subir el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 12 al 15 %, como se contempla en el proyecto de Ley para Enfrentar el Conflicto Armado.

Pero, en la práctica, ¿qué tan viable es una moratoria? Para constitucionalistas, no es una salida tan fácil, considerando que la decisión proviene de una consulta popular, lo cual le da un estatus casi irrevocable. De hecho, mencionan la necesidad de otra consulta popular.

Para la constitucionalista Ximena Ron, no se puede frenar lo dispuesto por la consulta popular, es decir, impedir que no se pare la producción petrolera, pero sí se puede “modular” la medida. “Ese dictamen puede modularse, si el presidente (Noboa)lo solicita y la Corte (Constitucional)lo analiza”, agregó la especialista.

El pedido tendría que venir del primer mandatario como un dictamen de seguimiento de la aplicación de la consulta popular, bajo la justificación del estado de emergencia por un período adicional, “sin poner en tela de duda que no se va a ejecutar” la para de la producción.

El constitucionalista Ismael Quintana es más drástico. El experto aseguró que es necesaria una nueva consulta popular para declarar una moratoria al cierre del bloque petrolero.

“Constitucionalmente es un tanto complejo, más allá de que yo puedo coincidir con el presidente sobre la necesidad económica y la necesidad de tener recursos para satisfacer las exigencias de interés público (...) El problema es que constitucionalmente no es tan sencillo lo que el presidente plantea, porque los resultados de consultas populares son de obligatorio e inmediato cumplimiento”, argumentó Quintana.

El período de desmonte de un año del Bloque 43-ITT fue establecido en los anexos de la pregunta de la consulta popular y para aplazar el desmonte de la infraestructura petrolera se debe hacer otra consulta popular, según el experto. “En derecho las cosas se tienen que hacer como se han hecho”, añadió Quintana.

Con Quintana coincidió el constitucionalista Esteban Ron. Él también cree que la única vía para determinar una moratoria en el ITT es otra consulta popular. “Las decisiones que se toman a través de referéndum o consulta popular son de obligatorio cumplimiento en los plazos y términos que se votaron. Estos no pueden ser modificados bajo ninguna circunstancia porque se entiende que fueron aprobados por una voluntad popular”, explicó Ron.

En ese contexto, la única vía factible es otra consulta popular, únicamente para determinar un nuevo plazo de cierre del Bloque 43-ITT, más no para revertir la decisión de no cerrarlo, añadió el especialista.

Petroecuador ha señalado que desmontar toda la infraestructura tendrá un costo elevado. El exgerente de la estatal petrolera Reinaldo Armijos señaló que se requieren, al menos, 1.800 millones de dólares para los trabajos de retirar los materiales de la zona, como taladros, tuberías, etc., debido a la complejidad del parque nacional Yasuní. En principio, se mencionó que costaría 600 millones.

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