En el país es ilegal que una tienda cobre un recargo al cliente, solo porque este decide pagar con tarjeta de crédito o débito. No obstante, eso no solo que no se cumple, sino que la falta de control ha llevado a que ese castigo que se aplica al consumidor crezca de forma indiscriminada. Si antes se cobraba el 4 % sobre el valor total de la factura, hoy ese porcentaje, en algunos lugares, puede llegar hasta un 14 %.

La mala práctica, que no es nueva, se expande cada vez a más locales. Se incumple en gasolineras, concesionarias, peluquerías, chifas y restaurantes en general. Luis Loayza, consumidor guayaquileño, cuenta cómo varias veces ha tenido que pagar más, por las condiciones que en su momento han puesto algunos almacenes. Una vez le cobraron 4 %, en otra ocasión fue un 7 %; pero se asustó cuando, en una última ocasión, llegaron a cobrarle un 12 %, un monto igual al IVA que, ya de por sí, en la mayoría de ocasiones se debe pagar. Las quejas no son aisladas, Elsy Villacís, cliente, relata que en una concesionaria a ella le llegaron a cobrar un 14 % adicional.

La práctica es ilegal. La Ley de Defensa del Consumidor, en el artículo 50, dice que el precio para el pago con tarjeta de crédito será el mismo precio que al contado, destaca Marco Rodríguez, presidente ejecutivo subrogante de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador.

Rodríguez agrega que los establecimientos comerciales del país que desean ofrecer a sus clientes medios de pago digitales, como lo son las tarjetas de crédito, celebran contratos por la prestación de estos servicios con entidades emisoras de tarjetas. En estos contratos acordados por las dos partes se establece el valor que cobrará la entidad emisora de la tarjeta al comercio o negocio por la prestación del servicio.

La Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros de la entonces Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, que está en vigor desde 2016, establece que la tarifa máxima que la entidad emisora de tarjetas puede cobrar a los negocios o establecimientos es 4,02 % sobre el monto de la compra más IVA, para tarjetas de crédito y 2 % más IVA para tarjetas de débito. Sin embargo, se aclara, este valor debe ser asumido por el comercio y no ser trasladado al cliente final.

Pero, ¿quién controla esto? ¿Hay denuncias por esta mala práctica? “Hace muchos años las personas ponían la queja en la Defensoría del Pueblo y en la Defensoría del Consumidor, y estas entidades estaban llamadas a investigar. No obstante, ahora, son pocas o nulas las denuncias que llegan. Ahora estas solo se exponen en redes sociales, dice María José Troya, directora ejecutiva de la Tribuna Ecuatoriana de Consumidores y Usuarios.

EXPRESO consultó a varios afectados, por qué no se denuncia este hecho, pero hay clientes como Luis Flores, que cuentan que no lo hacen por “decepción o desconfianza a la entidad reguladora. Este es un problema que no se ha frenado durante tantos años y ahora ya hasta se cobra más”.

El problema está en que para poner la denuncia se necesita una prueba y los comercios se encargan de que no quede ninguna. “Cuando cobran el recargo, lo que hacen es aumentar el precio final, por ejemplo si costaba 400 dólares al pagar con el plástico el precio final es de 428 dólares y no queda la evidencia. Hay ciertos locales que lo único que hacen es que al momento de pagar te advierten que con tarjeta de crédito cuesta más”, señala Nory Yépez, contadora pública autorizada.

Para el abogado Mauricio Armijos, experto en tributos, aun en estas circunstancias las autoridades pueden sancionar, porque el precio final de un artículo o de un servicio debe ser visible y no se puede cambiar. Sin embargo, muchos se han desanimado de denunciar porque han visto otros casos en que ha pasado el tiempo y no hay sanción, “definitivamente lo que falta es control, es la autoridad la que debe investigar y averiguar por qué se comete este abuso. La tienda que prefiere solo el efectivo no debería tener el servicio con tarjetas, así se evita una práctica ilegal y dañar la imagen del negocio”, resalta el analista financiero David Castellanos.

Según la Superintendencia de Bancos, su función no es regular al comercio, sino al sector financiero. No obstante, enfatiza la prohibición que existe de transferir estos cargos a los usuarios. Pero el abuso se ha generalizado. “Cuando voy a la peluquería, dependiendo del ánimo del dueño unas veces me cobra un recargo de 10 % y otras de 12 %, por pagar con la tarjeta”, cuenta Santos Leono, cliente. En el mercado, también hay quienes evitan aplicar este cobro adicional, pero lo hacen a modo de promoción y estrategia para hacer creer al cliente que es un premio para fidelizar su preferencia.