Esta semana, los paraísos fiscales nuevamente fueron noticias luego de la revelación de los Pandora Papers, que revelaron las cuentas de políticos, empresarios y personajes famosos, entre ellos, el presidente de la República, Guillermo Lasso. 

El reportaje, que estuvo al frente del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), reveló que en 2017, las aspiraciones políticas de Lasso lo llevaron a cambiar su estructura de negocio y a transferir su patrimonio desde entidades panameñas hasta Dakota del Sur, en Estados Unidos.

Actualmente, 10 de las 14 empresas están inactivas y sobre las otras cuatro el Presidente niega cualquier relación o beneficio.

Sobre el tema, el Presidente de la República ha sostenido que colaboró “voluntaria y abiertamente” con la investigación de ICIJ. Posteriormente manifestó que no tiene cuentas o vínculo de empresas en paraísos fiscales.

¿Qué son los paraísos fiscales?

El Servicio de Rentas Internas (SRI) señala que los paraísos fiscales son destinos o territorios que se utilizan para ocultar a los dueños reales de activos y a los beneficiarios finales de los ingresos, facilitando la simulación de operaciones y el engaño con tarifas impositivas muy bajas o nulas, logrando de manera artificiosa reducir el pago de impuestos.  

La situación, dice el SRI, implica pérdidas para las arcas fiscales y debilitan las finanzas públicas. Esto, a su vez, se traduce en menos recursos disponibles para la inversión del Estado, en servicios públicos de calidad tales como educación, salud, sanidad, justicia, seguridad, entre otros.

Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), se estima que el costo de los paraísos fiscales medido como pérdida de recaudación del impuesto sobre sociedades, es de $ 500.000 a $ 600.000 millones anuales, por medios legales y no tan legales. De esta recaudación, $ 200.000 millones corresponden a economías de bajo ingreso, con un impacto como porcentaje del PIB más fuerte que en las economías avanzadas.

¿Qué dice la Ley?

En septiembre 2017 se publicó en el Registro Oficial la Ley Orgánica para la Aplicación de la Consulta Popular efectuada el 19 de febrero de 2017, sobre paraísos fiscales, también conocida como la Ley del "Pacto Ético". 

La Ley estableció la prohibición de tener bienes o capitales de cualquier naturaleza en territorios considerados como paraísos fiscales, para el desempeño de una dignidad de elección popular o para ser servidor público. Las personas que ostenten una dignidad de elección popular o ejerzan un cargo en calidad de servidores públicos tendrán que acatar las disposiciones de la Ley o haber renunciado al cargo hasta el 6 de marzo de 2018.

¿Qué destinos considera Ecuador como paraísos fiscales?

El SRI señala que se considerarán como paraísos fiscales aquellos regímenes o jurisdicciones en los que se cumplan al menos dos de las siguientes condiciones: 

1. Tener una tasa efectiva de impuesto sobre la renta o impuestos de naturaleza idéntica o análoga inferior a un sesenta por ciento (60%) a la que corresponda en el Ecuador o que dicha tarifa sea desconocida. 
2. Permitir que el ejercicio de actividades económicas, financieras, productivas o comerciales no se desarrolle sustancialmente dentro de la respectiva jurisdicción o régimen, con el fin de acogerse a beneficios tributarios propios de la jurisdicción o régimen. 
3. Ausencia de un efectivo intercambio de información conforme estándares internacionales de transparencia, tales como la disponibilidad y el acceso a información por parte de las autoridades competentes sobre la propiedad de las sociedades, incluyendo los propietarios legales y los beneficiarios efectivos, registros contables fiables e información de cuentas bancarias, así como la existencia de mecanismos que impliquen un intercambio efectivo de información.

Actualmente, 88 países son considerados paraísos fiscales por Ecuador. La última vez que se actualizó el listado fue en 2017.