Las alarmas sonaron a inicios de mayo, cuando el puerto de Hong Kong hizo el mayor decomiso de aletas de tiburón de su historia: 26 toneladas ilegales, provenientes de Ecuador. Un mes después, y sin culpables procesados, las dudas persisten con respecto a qué controles fallaron para que una cantidad tan grande pudiera salir de un puerto nacional sin ser detectada.

Pero esta historia inicia con una ley, el Decreto 486, publicado en 2007 por el anterior gobierno. La norma prohibió la pesca dirigida de tiburón, pero no la comercialización de la especie que haya sido capturada como pesca incidental o fortuita. Esto significó que esos tiburones, tras ser debidamente justificados, podían venderse y exportarse.

Las cifras, tras la publicación del decreto fueron en aumento. Según datos del Fondo Mundial para la Naturaleza, entre 2003 y 2007, el registro de capturas de tiburón fue de 22.000 especímenes, mientras que entre 2008 y 2012 subió a 139.000. El Viceministerio de Acuacultura y Pesca indicó a EXPRESO que el año pasado la captura fue de 218. 752, que en toneladas equivale a 6.379 anuales.

Andrés Arens, titular de esta cartera estatal señaló, no obstante, que el valor es inferior a la captura incidental de otros países de la región y que la cifra reportada aumentó después de que se eliminara una tasa impuesta a los pescadores artesanales. “En el 2018 se cobraba para obtener la guía de movilización de pesca artesanal. A finales de ese año se eliminó porque las autoridades se dieron cuenta de que las personas no estaban declarando las descargas de tiburones reales para evitar pagar este valor”, señaló.

Además de depender de la declaración de cada embarcación, el ministerio emplea inspectores de pesca, parte de la Subsecretaría de Recursos Pesqueros, para asegurarse que la pesca incidental sea declarada. Hasta antes del decomiso en Hong Kong, la entidad empleaba a 140 personas en este cargo. 75 inspectores más se sumaron entre mayo y junio. Estos deben llevar a cabo controles en 600 embarcaciones industriales y 17.600 artesanales.

Este Diario le preguntó al viceministerio qué porcentaje de buques eran efectivamente controlados, pero la entidad no ofreció el dato en su contestación.

Sebastián Paredes, exinspector de la entidad y observador pesquero de buques atuneros, explica que el mecanismo permitía mayores facilidades para controlar los buques industriales, mas no los artesanales que carecían de métodos electrónicos para la trazabilidad. “Se tomaron medidas como la prohibición del ‘aleteo’, es decir que no se cortaran las aletas de los tiburones en mar abierto, sino en puerto, pero había dificultades para hacer los controles para la cantidad de embarcaciones, y un número más reducido (hoy ha mejorado) de inspectores”, explicó.

Las sanciones para quienes incumplan los controles son de hasta $ 700.000 (ver subnota). ¿Vale la pena el riesgo? Parecería que sí. La venta de aletas de tiburón en el mercado chino genera ventas anuales de $ 377,9 millones, según datos de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y Alimento. En el mercado local, cada par de aletas se venden a un promedio de $ 30.

“La comercialización es un tema complejo, porque siguiendo los canales legales, los pescadores venden el producto a los minoristas. Sin declarar pueden ganar el doble”, subrayó Rodolfo Delgado, autor del estudio de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, ‘La comercialización de la pesca incidental de tiburón en Manta’.

Desde 2015 hasta el año pasado la Policía Nacional ha realizado una docena de decomisos, el 80% en Manabí, de aletas de tiburón no declaradas. La más grande fue de 100.000 aletas que estaban listas para exportar.

Mientras se investiga la información enviada por Hong Kong a raíz de la incautación, el Viceministerio de Acuacultura y Pesca ha anunciado cambios. Además de aumentar el número de inspectores para las embarcaciones, también se aplicarán proyectos piloto para la trazabilidad electrónica y para evitar la captura de tiburón. “La aplicación de tecnología en las redes y las líneas de pesca es otra de las medidas para reducir la captura de tiburones. Una opción es el uso de luces led en los anzuelos para ahuyentar a los tiburones sin causarles daño, lo que ha dado resultado en otros países. Estamos en conversaciones para traer los primeros dispositivos, probarlos y ver si hay disminución en las capturas”, señaló el ministro Arens.

Para el exdirector de esa cartera estatal, Guillermo Morán, este será un paso necesario para evitar la pesca ilegal. “La Autoridad Pesquera debe constantemente revisar sus planes de control para, en base a la experiencia que se va teniendo, se mejoren. En este caso, el control electrónico a corto plazo será importante para evitar la pesca ilegal y asegurar que la información sea más concreta”. 

Un delito con multas asumibles

En febrero de este año se aprobó la Ley Orgánica para el Desarrollo de la Acuicultura y Pesca, una norma que reemplazó a la previa tras cuarenta años de vigencia y una de las condiciones de la Unión Europea para levantar la tarjeta amarilla emitida al país ante la supuesta permisividad a la pesca ilegal.

El texto también determina sanciones para la pesca no reglamentada, que incluye el decomiso de las especies, el decomiso de los implementos de pesca, la suspensión de los permisos emitidos por la Subsecretaría de Recursos Pesqueros, la incautación de la embarcación y el pago de una multa que puede fluctuar entre los $ 400 hasta un máximo de $ 700.000.

Pero no todos concuerdan con su efectividad. “El problema con los delitos ambientales es que tienen consecuencias a largo plazo catastróficas, pero las multas no reflejan ese daño. Las sanciones deberían ser mucho más drásticas para que sean disuasivas”, comenta el exinspector Sebastián Paredes.

Con él coincide la bióloga y catedrática María José Moreira. “El país no recibió una sanción porque sí. Hay un mercado lucrativo para la pesca no reglamentada, no solo de tiburón, y no hay suficientes controles. Y si la capacidad de registro es insuficiente, al menos las multas tienen que ser mayores para que quienes cometan este delito se enfrenten a repercusiones reales”, señaló.

Aún así, el viceministerio de Acuacultura y Pesca señaló que el año pasado se abrieron 1.049 expedientes administrativos pesqueros, de los cuales 616 se resolvieron con sanciones económicas (no se especificó de cuánto), suspensiones de actividad y decomiso de productos.