La jubilación patronal es una pensión vitalicia que por derecho le corresponde recibir a los trabajadores por parte de su empleador, siempre que hayan cumplido 25 años o más de labores para la misma empresa. Se trata de una condición que si bien está planteada en la ley como un beneficio para los empleados, con el pasar de los años se ha ido convirtiendo en una carga para los negocios y en un incentivo para desvincular a colaboradores antes de tiempo. Es decir, una política que, en muchos casos, termina siendo contraproducente y que demanda de una reforma, según expertos.

De acuerdo con datos manejados por la Cámara de Industrias de Guayaquil (CIG) con cifras de la Superintendencia de Compañías, en el año 2022 a nivel nacional 10.735 empresas reportaron un monto para el pago de jubilación patronal. Se trató de una provisión total de 2.607 millones de dólares, que equivalían al 2,3 % de su facturación total. De esta cantidad, 363 empresas detallaron que el monto calculado para ese pago superaba el 5 % de su facturación total.

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Ese porcentaje, aunque parezca ínfimo, se transforma en una carga pesada para miles de negocios, pues es un pago “que no depende en sí de los niveles de facturación de un negocio, sino del número de colaboradores con los que se cuenta, de manera que es posible observar empresas que debieron provisionar valores que superaban el 5 % de su facturación”, explica a EXPRESO Francisco Jarrín Rivadeneira, presidente de la CIG.

El representante de este gremio de empresarios asegura que este tipo de jubilación “suele convertirse en un problema de liquidez para las empresas”, pues el negocio está obligado a seguir dando esta pensión, incluso si la empresa atraviesa por iliquidez, menos ingresos o pérdidas en su operación. “Es válido considerar una reforma”.

La jubilación patronal es uno de los puntos bajo observación, según la propuesta de reformas a los fondos de pensiones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), planteada por una comisión de economistas a pedido del presidente Guillermo Lasso, para solucionar el problema de liquidez del IESS y que le dejará como recomendación al nuevo presidente electo del país.

El coordinador de dicha comisión, el economista y catedrático Augusto de la Torre, asegura que este tipo de beneficios, que en su momento fue bueno para todos, hoy está causando enormes costos sociales no solo a las empresas, también a los trabajadores, porque hay negocios que tienden a despedirlos antes de tiempo, para evitarse este costo. “Viene aumentando en la última década la frecuencia de empleados que son despedidos de las compañías cuando están cerca de cumplir los 20 años de servicio”, advierte.

Si bien ni esta comisión, ni el Ministerio de Trabajo, ni el IESS, según mencionaron a este medio, llevan registros de la cantidad de jubilados patronales que hay en el país, en las calles se palpa esta preocupación de la que habla De la Torre. “Después de casi 16 años de trabajo, a mi mamá la sacaron de su empleo en la época de la pandemia. Trabajaba en un complejo hospitalario. Le dijeron que era por la emergencia sanitaria, pero sabemos que fue por evitarse darle una jubilación patronal. Con más de 50 años de edad, ella volvió a conseguir trabajo después de varios meses, pero no obtuvo mejor sueldo que antes”, cuenta a este Diario la guayaquileña Milena Chele.

El presidente nacional del Frente Popular, Nelson Erazo, indica que este gremio de trabajadores ya ha presentado a la Asamblea Nacional su rechazo a los cambios que se quieren implementar a los fondos del IESS. En cuanto a la jubilación patronal, señala que “es un beneficio que debe respetarse porque es un derecho como conquista alcanzada por los trabajadores”. Él se limita a decir que las reformas que se analizan desde el Gobierno “son para ayudar a los empresarios a evadir su responsabilidad” y para “ir a una flexibilización laboral precaria”.

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La comisión de Augusto de la Torre ha sugerido convertir la jubilación patronal en un fondo de ahorro para la vejez. El Frente Unitario de Trabajadores (FUT) y la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales (CEOSL) no lo rechazan del todo. Su plan es que ese fondo exista y que así mismo no esté anclado al número de años en una empresa, sino que se genere desde el primer día de labores. En lo único que difieren es en el porcentaje que debe inyectar a ese fondo el empleador. “Nosotros no creemos que deba pagar solo el 1 %. El empleador debe pagar un porcentaje más alto que el empleado”, propone la presidenta de estos gremios, Marcela Arellano.

Ella indica que aún el FUT y la CEOSL no acuerdan el porcentaje que debería aportar el empleador, sin embargo recalca que esta propuesta de cambio de la jubilación patronal está contemplada en el proyecto del Código Orgánico del Trabajo que presentaron en 2021.

La abogada Patricia Borja,  especialista en derecho laboral y seguridad social, indica que los trabajadores despedidos para evitar darles la jubilación patronal están entre los 50 y 60 años de edad, por lo que están muy ‘jóvenes’ para acceder a la jubilación normal del IESS y muy mayores para ser contratados en un nuevo empleo. Ante ese panorama, la especialista menciona que la reforma a esta jubilación es necesaria, aunque hay que establecer bien en qué medida, “porque ningún área que propone reformas especifica o muestra los estudios en los que se basó para pedir un cambio”.

Y es que dice que algunos frentes proponen que la jubilación patronal se convierta en un fondo de ahorros con un porcentaje del 1 % por parte del empleador, otros del 2 % y otros hasta del 10 %, “pero no sabemos en qué se basan para establecer esos porcentajes”.

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