Gremios piden derogar la circular del SRI que encarece lácteos y productos sin azúcar

El Servicio de Rentas Internas (SRI) desató un debate tributario al emitir una circular que "recuerda" a los contribuyentes las reglas vigentes sobre la aplicación del IVA en la importación y transferencia de productos alimenticios, y precisa qué alimentos deben pagar el 15% y cuáles mantienen la tarifa 0%. 

Cerca de 60 productos que se comercializaban sin ese impuesto ahora deberán aplicarlo. La medida llega cuando la canasta básica familiar cerró enero de 2026 en $821,80, frente a un salario básico de $482.

El presidente Daniel Noboa, en entrevista con Diario El Mercurio, defendió la solidez del consumo interno. Afrimó que el primer trimestre de 2026 registra las ventas locales más altas de la historia del Ecuador. 

Definió los productos sin IVA como alimentos, medicinas y transporte, y sostuvo que el país consume a doble dígito más que antes. "Hemos hecho ajustes sin afectar el consumo", dijo.  

Los gremios piden derogar la circular

Los gremios productivos cuestionan esa interpretación. La Cámara de Comercio de Guayaquil (CCG) fue la más directa y solicitó que se derogue la circular, al considerar que introduce elementos de interpretación que no están previstos en la ley y que debilitan la seguridad jurídica. 

En una entrevista con Expreso la Cámara explicó que si los contribuyentes comercializaron productos con tarifa 0% es porque la ley los ampara, y que esa decisión responde a análisis técnicos serios. Advirtió además que cualquier intento de interpretación que exceda el marco legal del artículo 55 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (LORTI) desnaturaliza el principio de legalidad tributaria.

Por su parte la Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador y la Cámara de Industrias de Guayaquil (CIG) también advirtieron en un oficio al SRI que la circular genera inseguridad jurídica al introducir diferenciaciones sobre lácteos y pan que no constan en el artículo 55 de la LORTI, y que el alza de costos terminará en el bolsillo del consumidor final. 

Asimismo, la Cámara de Comercio de Quito (CCQ) reconoció que no se trata de una nueva carga tributaria, pero advirtió al Gobierno de Daniel Noboa sobre impactos operativos inmediatos en la cadena de suministro y planteó la conformación de una mesa técnica para analizar la medida.

Aunque los gremios difieren en el tono, coinciden en que la medida genera incertidumbre en el mercado. La Cámara de Comercio de Guayaquil (CCG) proyecta un alza del 2% en la canasta básica y advierte efectos indirectos en toda la cadena productiva, por el encarecimiento de insumos y ajustes operativos que terminan trasladándose a precios.

¿Puede una circular cambiar la ley?

Rodrigo Gómez de la Torre, presidente de la Cámara de Agricultura, advirtió que la circular abre la puerta a cobros retroactivos de hasta cuatro años y que el golpe recorre toda la cadena: consumidor, comercio, industria y productor primario. 

Víctor Serrano, experto tributario, respaldó ese argumento en el plano legal: el Código Tributario establece en sus artículos 7 y 11.1 que las circulares del SRI no pueden cambiar el sentido de la ley ni ampliar su alcance, criterio ratificado por la Corte Constitucional en la sentencia 2-21-IN/24 del 28 de febrero de 2024. 

Gómez de la Torre fue más gráfico: permitir que el SRI modifique la ley por circular es como si la Agencia Nacional de Tránsito emitiera un oficio autorizando pasarse un semáforo en rojo. "Pueden escribir lo que quieran, no tiene valor jurídico", dijo. "Si quieren cambiar la ley, que lo hagan en la Asamblea", afirmó. La CCG, en la misma línea, señaló que analiza el alcance de la disposición para definir las acciones legales a seguir en defensa de sus afiliados.

Un golpe a la producción nacional

Christian Walli, de la Cámara de Alimentos y Bebidas, coincidió con Gómez de la Torre en el impacto sobre la producción y fue más enfático en sus críticas. Señaló que resulta contradictorio que Ecuador exporte más de $20.000 millones en productos agrícolas, con una balanza comercial positiva, mientras se afecta a productos procesados como yogures, pulpas y jugos, considerados parte de una oferta saludable y de un sector declarado prioritario para el país.

También advirtió una posible asimetría frente a los tratados internacionales. En categorías como el atún, explicó, el 15% recae únicamente sobre el producto importado y no sobre el nacional. “El productor no puede absorber ese aumento. Lo pagará el consumidor”, afirmó.

Gómez de la Torre detalló el efecto encadenado en la cadena láctea: entre el 25% y el 30% del procesamiento industrial corresponde a las variedades deslactosada, descremada y semidescremada, exactamente las que ya debían gravarse según el SRI. 

Si el consumo cae, la industria reduce la compra al productor primario y este pierde mercado. El economista Jonathan Baez reforzó ese diagnóstico con datos que contradicen la postura gubernamental: el atún y los fideos forman parte de los 15 principales gastos del decil más pobre de la población, por lo que la aplicación de la tarifa golpeará directamente la capacidad adquisitiva de los hogares más vulnerables.

¿Qué pasa con la  lonchera escolar?

La circular también impacta la lonchera escolar, en un país que bordea el 20% de desnutrición infantil. Productos de consumo cotidiano como el pan, el jamón, los yogures saborizados y las leches endulzadas —que los niños llevan a clases— pasarían a pagar el 15% de IVA, según la interpretación del SRI. En la práctica, esto encarece uno de los gastos más recurrentes de los hogares ecuatorianos.

“¿Cómo voy a hacer la lonchera? ¿Voy a poner yogures sin sabor, sin endulzante?”, cuestionó Walli.

¿Qué pasa con los productos para pacientes con diabetes y enfermedades crónicas?

El impacto es más agudo en poblaciones con enfermedades crónicas. Lucía Mantilla, directora ejecutiva de la Fundación Diabetes Juvenil del Ecuador, planteó una paradoja que el Gobierno no ha respondido: el azúcar tributa 0% de IVA por ser producto de primera necesidad, pero es el elemento más dañino para los diabéticos, mientras que los edulcorantes saludables ya debían pagar el 15% según la circular.

Walli ve más a futuro y advirtió que con esta medida toda una gama de productos sin azúcar simplemente saldrá del mercado, golpeando directamente a quienes los necesitan por prescripción médica.

Según la Federación Internacional de Diabetes (IDF), en Ecuador hay cerca de 17.000 pacientes con diabetes tipo 1 y más de medio millón con diabetes tipo 2. 

La enfermedad está entre las primeras causas de muerte en el país, atribuible al 12,4% de los fallecimientos. El tratamiento puede costar entre $500 y $600 mensuales en diabetes tipo 1, y más de $2.300 anuales en diabetes tipo 2, sin contar complicaciones.

"No son solo 70 u 90 centavos más. Sumados al día, al mes y de por vida, ya es un impuesto terrible", afirmó Mantilla. La CCG reconoció esta dimensión y manifestó disposición a trabajar con fundaciones de pacientes para construir soluciones con tratamiento diferenciado.

¿Derogación o reforma legal?

Los gremios exigen que el SRI derogue la circular y, de necesitar mayor recaudación, el Gobierno lo haga mediante reforma legal en la Asamblea Nacional. 

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) también rechazó la medida: "Comer en Ecuador ahora será más caro. Un regalo de Semana Santa por parte del Gobierno", señaló. La pregunta que queda abierta, y que el Gobierno no ha respondido, es si quienes facturaron con tarifa 0% durante años deberán presentar declaraciones sustitutivas y pagar el impuesto con intereses y multas retroactivos, un escenario que los gremios califican como devastador para la economía del país.

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