Un balance sobre los préstamos entre el Banco Central del Ecuador (BCE) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). El Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó el 2 de diciembre de 2022 un estudio sobre el impacto del dinero que le prestaba el BCE al MEF durante el gobierno del expresidente Rafael Correa. 

El Banco Central financió al sector público a mediados de la década de 2010. Entre 2009 y 2014, se adoptaron algunas prácticas contables y posteriores cambios en la legislación que, en última instancia, tenían como objetivo permitir que el BCE financiara el déficit del gobierno central.

En términos generales, el Banco Central le daba dinero en efectivo al Gobierno y este a cambio recibía bonos o papeles. Este proceso es denominado expansión del balance del BCE. 

En su apogeo, dice el FMI, el financiamiento del sector público del Banco Central representó hasta el 10 % del Producto Interno Bruto (PIB), unos $ 10 mil millones. 

Con los préstamos, el BCE debilitó su capacidad para completar los pagos externos y también ejerció una presión significativa sobre la posición de efectivo del gobierno central.

Utilizando datos sobre los componentes de las reservas internacionales, el FMI señaló que documentó cómo una expansión del balance de un banco central en una economía dolarizada, es decir, los préstamos, generó una necesidad de recursos en efectivo debido el aumento de los pasivos o deudas que podrían exigirse por pagos externos o necesidades de efectivo. 

Para solucionar los problemas de liquidez, el gobierno ecuatoriano requirió deuda externa a través de la emisión de bonos soberanos y grandes préstamos bilaterales. 

De no haber contado con ese dinero proveniente de deuda, el Banco Central habría perdido la capacidad de atender la demanda de efectivo, es decir, billetes, o el pago de transacciones con el exterior. 

De haberse materializado este escenario, Ecuador podría haber enfrentado un mayor riesgo de crisis financiera, poniendo en riesgo los cimientos mismos de la dolarización, concluyó el Fondo Monetario. 

En Ecuador, tales políticas pusieron en gran riesgo al sector financiero, es decir, a bancos y cooperativas, dado que el Banco Central fue despojado de sus activos líquidos. En última instancia, esto también dejó al Ministerio de Economía y Finanzas con grandes obligaciones pendientes con el Banco Central en una coyuntura muy compleja de crisis fiscal, exacerbada por el impacto económico y fiscal de la pandemia de COVID-19.

Debido a esa situación, en 2021 el programa con el FMI llevó al gobierno a aprobar la Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico Monetario y Financiero para la Defensa de la Dolarización, la cual prohíbe los préstamos al Gobierno por parte del BCE.