Una visión a los problemas que enfrentará el presidente electo Daniel Noboa. La agencia calificadora Fitch Ratings aseguró este 16 de octubre de 2023 que los planes del nuevo mandatario de aumentar el papel del sector privado en la economía enfrentarán desafíos en medio de una alta inestabilidad política.

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Por esa razón, dice Fitch, prevé que no habrá avances significativos en las reformas para abordar los desafíos fiscales y financieros de Ecuador en el período presidencial restante de 18 meses. Esto ya lo había anticipado cuando la firma bajó la calificación crediticia de Ecuador a 'CCC+' desde 'B-'. el 16 de agosto pasado. Todo esto podría complicar los objetivos de Noboa de aumentar el gasto.

El resultado, dice Fitch, evita un retorno abrupto al modelo económico liderado por el Estado favorecido por la oponente de Noboa, Luisa González. Noboa, apunta a mejorar la capacidad del sector privado para impulsar el crecimiento en Ecuador e impulsar la inversión extranjera.

Sin embargo, asegura Fitch, su administración enfrentará desafíos políticos y presiones sociales para implementar su agenda política. Una de las razones es que la alianza Acción Democrática Nacional de Noboa (ADN) posee sólo 14 de los 137 escaños de la fragmentada Asamblea Nacional. Aprobar legislación requerirá gestionar alianzas políticas potencialmente complejas y fluidas.

Noboa planea postularse para la reelección en 2025, pero no está claro, dice la firma internacional,  si el contexto político para la formulación de políticas mejorará o si Noboa podrá mantener sus credenciales reformistas. Mientras tanto, los esfuerzos por atraer inversiones en el sector petrolero y minero podrían recibir el rechazo de las comunidades indígenas de Ecuador, como durante la presidencia de Lasso.

La campaña electoral de Noboa prometió un mayor gasto social, pero Fitch espera que estos planes puedan verse cuestionados por el deterioro de la situación fiscal en ausencia de una reforma tributaria. Noboa ya ha manifestado intenciones de presentar un proyecto de ley. Es posible que surjan más detalles antes de finales de 2023, a medida que se anuncien los nombramientos gubernamentales.

Las reservas fiscales se han debilitado este año: los depósitos del gobierno en el Banco Central disminuyeron en 667,4 millones de dólares hasta 316,4 millones de dólares a finales de septiembre y los atrasos en el actual período fiscal ascendieron a 1.500 millones de dólares a finales de julio, según datos del Ministerio de Finanzas, apunta Fitch. 

La agencia calificadora espera que el debilitamiento de las cuentas fiscales continúe hasta 2025, con un déficit del gobierno central ampliándose al 3,4% del PIB en 2023, desde el 1,2% del año pasado, y aumentando lentamente hasta el 3,7% del PIB hasta 2025. 

A esto se suman sus expectativas de un crecimiento débil, la reducción gradual de la extracción de petróleo en tres campos amazónicos (estimada en 600 millones de dólares en pérdidas anuales de ingresos petroleros) tras la consulta popular que prohibió la extracción de petróleo en los campos, recortes de impuestos por parte de la administración de Lasso, mayores costos salariales y mayores pagos de intereses.

A falta de un programa de consolidación desarrollado, el deterioro fiscal combinado con el aumento de las amortizaciones internas y externas hasta 2025 aumentarán los desafíos financieros para el gobierno. Los desafíos financieros podrían, en última instancia, reducir la inversión pública y provocar una mayor acumulación de atrasos o una reducción de los depósitos.

La inestabilidad política y los desafíos de gobernabilidad ya han agravado las restricciones financieras y Noboa ha planteado la idea de aprovechar 1.500 millones de dólares de las reservas internacionales del Banco Central del Ecuador, debilitando aún más las reservas, que han caído en 2.000 millones de dólares a 6.300 millones de dólares a finales de septiembre. 

Finalmente, Fitch señala que la reducción de las reservas podría ser aún mayor si El Niño es más fuerte de lo esperado. Como estos planes irían en contra de la Ley de Defensa de la Dolarización, se requeriría la aprobación del Congreso para modificar la ley.

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