El Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) concluyó este 24 de junio de 2022 la cuarta y quinta revisión combinadas del acuerdo ampliado en el marco del Servicio Ampliado del Fondo (SAF) para Ecuador. 

El organismo multilateral informó que la decisión del Directorio permite un desembolso inmediato de 710 millones de DEG (unos 1.000 millones de dólares). Las autoridades ecuatorianas tienen previsto utilizar el desembolso para el apoyo presupuestario, aseguró el Fondo. 

El acuerdo de Facilidad Extendida dura 27 meses e incluye un total de $ 6.500 millones en crédito, de los cuales, ya solo quedan por transferirse $ 700 millones, tras la aprobación de este viernes.

El organismo señaló que el Consejo Ejecutivo aprobó la solicitud de las autoridades de una exención del incumplimiento del criterio de desempeño de finales de diciembre de 2021 sobre el saldo global del gobierno central presupuestario (PGE) y la cuenta de financiación de derivados del petróleo (CFDD), basándose en las medidas correctivas que las autoridades ya han tomado y se han comprometido a tomar. 

El Directorio Ejecutivo también examinó un informe del Director Gerente sobre el suministro de datos inexactos sobre el saldo global del gobierno central presupuestario (PGE) y la cuenta de financiación de derivados del petróleo (CFDD), lo que dio lugar a una compra no conforme por parte de Ecuador en septiembre de 2021 y a un incumplimiento de la obligación establecida en el artículo VIII, sección 5, del Convenio Constitutivo del FMI. 

“La economía repuntó y registró un crecimiento de 4,2% en 2021, gracias a una eficaz campaña de vacunación y una acertada gestión macroeconómica. Se ha preservado la estabilidad macroeconómica y financiera. Aunque la actual guerra en Ucrania ha tenido efectos perjudiciales en algunos sectores, los precios más altos del petróleo están mejorando los saldos externo y fiscal de Ecuador", dijo la subdirectora Gerente y Presidenta Interina, Antoinette Sayeh.

El subregistro de las obligaciones de transferencia de pensiones y atención médica del PGE a la Caja de Seguro Social (IESS) dio lugar al incumplimiento, aseguró el organismo. 

Medidas correctivas 

El Fondo señala que las autoridades ya han adoptado enérgicas medidas correctivas para abordar las deficiencias institucionales y técnicas que dieron lugar a la información inexacta. Se trata de las siguientes: 

• Publicar datos históricos revisados con sus respectivas explicaciones.
•  Mientras las auditorías sobre servicios de salud estén pendientes, registrar un estimación conservadora para las transferencias relativas a salud del Presupuesto General del Estado al IESS correspondientes a 2017-22.
• Suscribir un acuerdo entre el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) para poner en marcha un proceso de licitación de una o más empresas que realicen las auditorías de servicios de salud.

Las medidas por tomarse

Además, las autoridades se comprometieron a adoptar las siguientes medidas correctivas en los próximos meses: 

1. Contratar una o más empresas independientes de auditoría de servicios de salud.
2. Determinar el saldo vigente de posibles obligaciones del PGE y compartir la información con el personal.
3. Publicar datos históricos revisados del Presupuesto General del Estado y el sector público no financiero (SPNF) desde 2013.
4. Concluir las auditorías de servicios de salud correspondientes a 2020 y 2021.  
5. Incluir obligaciones de pensiones y obligaciones estimadas de salud del Presupuesto General del Estado al IESS en el presupuesto de 2023 y en el marco fiscal a mediano plazo.
6. Establecer en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) una unidad dedicada exclusivamente a las estadísticas, que esté dirigida por un Jefe Principal de Estadística, y actualizar el plan de capacitación en estadísticas de finanzas públicas.
7. Elaborar un plan de acción sujeto a plazos para ejecutar una reforma jurídica y adoptar medidas administrativas encaminadas a reforzar el marco jurídico de las obligaciones del Estado en cuanto a gasto en salud y las respectivas auditorías.