
Devolución del IVA: por qué se retrasa y cómo evitar que te rechacen el trámite
Jubilados y personas con discapacidad enfrentan esperas de hasta 11 meses, mientras el proceso se vuelve más restrictivo
Esperar meses por un dinero que la ley reconoce como un derecho se ha vuelto parte de la rutina para miles de adultos mayores y personas con discapacidad en Ecuador. La devolución del IVA, que debería concretarse en un máximo de 60 a 90 días, hoy acumula retrasos que en algunos casos llegan hasta casi un año.
El problema no es aislado. Beneficiarios aseguran que los pagos apenas están cubriendo consumos realizados hasta agosto de 2025, lo que refleja un desfase que impacta directamente en su economía diaria. Se trata de un beneficio del que dependen alrededor de 670.000 personas en el país.
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Entre la digitalización y los obstáculos
Aunque el trámite se trasladó casi por completo al entorno digital, a través del portal del Servicio de Rentas Internas (SRI), la experiencia para los usuarios dista de ser simple, según detallan a EXPRESO.
El proceso permite ingresar con cédula y clave, revisar facturas electrónicas y enviar la solicitud en línea. Sin embargo, en la práctica, muchos contribuyentes se encuentran con un sistema incompleto: no todas las facturas aparecen registradas, lo que obliga a gestionar documentos adicionales o iniciar validaciones manuales.
Esta situación complica especialmente a adultos mayores o cuidadores, quienes en muchos casos deben recurrir a terceros para completar el trámite, asumiendo incluso costos adicionales.
- En 2026, el monto máximo mensual a devolver es de 144,60 dólares, calculado en función del salario básico unificado. Además, el derecho a reclamar se mantiene vigente hasta cinco años después de la compra.

Una deuda que sigue creciendo
El malestar se ha intensificado en los últimos meses. Organizaciones de jubilados advierten que existen valores pendientes desde 2024 y 2025, y que la deuda acumulada superaría los 100 millones de dólares.
Las críticas apuntan no solo a los retrasos, sino también a la narrativa oficial que sostiene que el proceso funciona con normalidad. Para los afectados, la realidad es otra: esperas prolongadas, pagos incompletos y falta de respuestas claras.
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Frente a esto, han comenzado a organizarse, recopilar documentación y explorar nuevas acciones legales para exigir el cumplimiento de este derecho.
Menos rubros, menos devolución
A los atrasos se suma un cambio que ha pasado factura en 2026: la reducción de los gastos que califican para la devolución.
Actualmente, solo se reconocen cuatro rubros:
- Alimentación
- Salud
- Vestimenta
- Construcción
Esto deja fuera consumos que antes eran considerados, como productos cosméticos, servicios de cuidado personal, electrodomésticos o combustible, lo que reduce el alcance real del beneficio.
Las razones detrás de los rechazos
Otro foco de preocupación son las solicitudes rechazadas. Aunque cada caso es distinto, hay patrones que se repiten:
- Datos bancarios incorrectos
- Documentación incompleta
- Inconsistencias en las facturas
- Fallas o limitaciones del sistema
A esto se suma un elemento estructural: la falta de liquidez estatal, que también incide en los tiempos de pago.

Qué hacer si el dinero no llega
Cuando el trámite aparece aprobado pero el dinero no se acredita, los beneficiarios pueden tomar varias acciones:
- Revisar el estado del trámite en línea
- Verificar que la cuenta bancaria esté activa y a su nombre
- Presentar un reclamo formal si han pasado más de 60 días hábiles
- Solicitar información al SRI o al Ministerio de Finanzas
- Acudir a la Defensoría del Pueblo para recibir asesoría gratuita
Si la vía administrativa no da resultados, también existen mecanismos legales como la impugnación administrativa, la acción contencioso-tributaria o una acción de protección.
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