El proyecto de ley de lucha contra el cáncer no llegará solo a la Asamblea Nacional. Ante las dudas y preocupaciones surgidas en las últimas semanas por su contenido, será entregado con un anexo que reúne las principales inquietudes de autoridades, cámaras, gremios, universidades y sectores sociales.

Uno de los pedidos es que se aclare que Solca no se verá perjudicada con esta ley. Y no solo eso, sino que además se solicita que esta institución, con 65 años de servicio, sea un participante activo en el consejo nacional que se prevé crear.

Wilson Merino, promotor del denominado ‘Acuerdo contra el cáncer’, dice que llevará a la Asamblea ‘La iniciativa esperanza’, que incluye los fundamentos de esta propuesta ciudadana a la que están adscritas 18 fundaciones, el proyecto de ley, las 159.786 firmas recolectadas y los aportes recogidos durante el proceso.

Esas voces que se hicieron escuchar ante el proyecto de ley fueron las del alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot; del prefecto de Manabí, Mariano Zambrano; de la Universidad Central, de la Universidad Politécnica Estatal de Carchi, de la Red en Acción, de la fundación Vida de la Amazonía y de la Cámara de Industrias y Producción. Aquí presentamos diez de los principales ajustes que se solicitan al documento inicial, que se encuentra a la espera de la aprobación de las firmas.

El financiamiento.

1.- Piden que se especifique cuál será el mecanismo de financiamiento del Consejo Nacional de Lucha Contra el Cáncer (Artículo 44). Además, que se deje claro que el proyecto de ley no afectará las atribuciones, autonomía y competencias de Solca y de ninguna otra organización que se dedique a combatir esta enfermedad. Además, se plantea reconsiderar que la sede del Consejo Nacional sea en Guayaquil y no en Quito.

Delegados de Solca

2.- Solicitan que se debata sobre el mecanismo de selección de los siete delegados de las organizaciones de la sociedad civil que integran el Consejo Nacional de Lucha Contra el Cáncer (art. 47) y que se designe a Solca como un miembro nato de este órgano y permitir dos o tres representantes en su seno.

Los seguros.

3.- Se sugiere analizar la capacidad de cobertura oncológica junto a las compañías de seguros de vida y/o salud y medicina prepagada (art. 18) previo a dictaminar que la Superintendencia de Bancos y Compañías controle y vigile sus contratos, las coberturas y los servicios.

La educación.

4.- Entre los pedidos están que se amplíen los incentivos para que los pacientes oncológicos puedan acceder al sistema educativo y que no se limite únicamente a los discapacitados (art. 27).

Indemnización.

5.- Solicitan que se reconsideren las tarifas de indemnización que se brinda a los pacientes oncológicos y a sus familias, por causa de despido intempestivo (art. 32) y que se ha establecido en 18 meses de remuneración, adicionalmente, a la indemnización legal correspondiente.

Investigación.

6.- Desde la academia, se demanda analizar la posibilidad de establecer incentivos para que más médicos logren especializarse en el área oncológica y que se promuevan alianzas entre actores públicos y la academia para difundir los últimos hallazgos en materia oncológica dentro de las universidades y centros de investigación, y que estos puedan alimentar las políticas públicas de prevención.

Los préstamos.

7.- Requieren que se analice la capacidad de cobertura de la Seguridad Social para la atención de salud, en particular, para generar exoneraciones de aportes (en este caso del 50 % según el artículo 34, párrafo dos), para que los pacientes puedan acceder a préstamos quirografarios.

Infraestructura.

8.- Otro punto que solicitan es que se desarrolle en el proyecto de ley, el aspecto de la oferta de infraestructura para atención oncológica, analizando la infraestructura hospitalaria existente, y poder organizar de mejor manera el caso de las derivaciones hacia los centros de tratamiento en las grandes ciudades. Además, piden que se preste especial atención a los pacientes que están en las zonas de la Amazonía, donde esta es inexistente y los habitantes deben desplazarse hasta las grandes urbes, lo que genera varias complicaciones.

Prevención.

9.- Se destaca también la necesidad de realizar campañas de prevención como política pública, en donde se involucre y se cree conciencia en los jóvenes acerca de esta enfermedad (art. 15). Además, se solicita que estas campañas, las indicaciones y los tratamientos médicos se adapten a la cosmovisión de las comunidades indígenas y amazónicas, ya que mucha gente no habla español y no se logra conocer información que es valiosa para salvar su vida, como cuáles son los indicios de que algo no está bien con su salud y cómo actuar.

Accesibilidad.

10- En el artículo 10 , que prevé la remisión de información por parte de personas jurídicas públicas, semipúblicas y privadas al Consejo para alimentar el Registro Nacional de Lucha Contra el Cáncer, se pide precisar que no se trata de una facultad de “control”, sino de unificar y actualizar la información estadísticamente relevante del cáncer en el Ecuador. Sobre este mismo artículo se sugiere dialogar con las empresas sobre el tema laboral.