Crisis de salud en Ecuador: El Gobierno acusa a los médicos, pero se muerde la cola

Ahora resulta que los culpables del desabastecimiento de medicamentos son médicos que recetan fármacos que saben que no hay en el sistema de salud para obligar al Estado a comprarlos a determinados laboratorios.

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En efecto, el presidente Daniel Noboa, en una reciente entrevista, formuló este razonamiento para explicar la falta de medicinas: si para una dolencia existen tres medicamentos (A, B y C) y el C está agotado, “hay ciertos doctores que le recetan la medicina C para fregar”. Luego aseguró que “ciertos malos doctores y ciertos malos funcionarios” saben qué medicamentos no hay y los prescriben deliberadamente “para presionar a que se compre esa medicina de ese laboratorio específico”, que supuestamente “lo ‘timbra’ al doctor para el negociado”.

El razonamiento de Noboa tiene un problema gigante: ¿qué proporción de las recetas tendría que ser deliberadamente fraudulenta para que esa práctica explique una parte significativa del desabastecimiento?

No es correcto asumir que si el Gobierno dice que existe un 60% de abastecimiento, los médicos tendrían que ser responsables del 40% restante. Son magnitudes distintas. El porcentaje de abastecimiento mide disponibilidad de medicamentos; el porcentaje de médicos involucrados mediría personas.

La acusación presidencial necesita otra clase de pruebas: saber cuántos médicos estarían involucrados, cuántas recetas emitieron, qué medicamentos prescribieron, qué stock había cuando lo hicieron, qué alternativas terapéuticas tenían y, sobre todo, qué compras posteriores generaron esas recetas.

Porque si la tesis es que una red de médicos está provocando el desabastecimiento, el Gobierno debería poder demostrar la cadena completa: médico, receta, medicamento sin stock, conocimiento del faltante, compra posterior y laboratorio beneficiado. Mientras esa cadena no aparezca, lo que existe es una acusación de corrupción. Lo que no está demostrado es que esa corrupción explique el desabastecimiento.

Y aquí aparece una coincidencia que merece atención. Tres días después de las declaraciones de Noboa, la Policía y la Fiscalía realizaron once allanamientos en Quito, Guayaquil y Morona Santiago y detuvieron a ocho personas, siete de ellas médicos del Ministerio de Salud Pública y un funcionario del SNAI.

La proximidad temporal es llamativa y, desde el punto de vista mediático, el operativo reforzó la imagen de que dentro del sistema de salud existen médicos corruptos. Pero hay una precisión fundamental: el operativo no estaba relacionado, según la información pública disponible, con la acusación de Noboa sobre médicos que direccionarían recetas y compras de fármacos.

La pregunta de fondo sigue intacta. Si el Gobierno sostiene que los médicos están detrás de una parte sustancial de la falta de medicinas, tiene que mostrar los números. ¿Cuántos son? ¿Cuántas recetas emitieron? ¿Qué medicamentos estaban agotados? ¿Cuántas veces los prescribieron pese a conocer el faltante? ¿Qué compras provocaron? ¿Qué laboratorios resultaron beneficiados?

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Porque una cosa es demostrar que hay corrupción en el sistema de salud y otra, mucho más ambiciosa, es demostrar que esa corrupción explica que falten medicinas.

Hay además un problema elemental en la explicación presidencial: confunde al médico que prescribe con quien administra el stock y con quien compra los medicamentos.

El propio diseño del sistema de medicamentos del Ministerio de Salud contempla que prescribir un fármaco y disponer de él son procesos diferentes. El médico prescribe según las necesidades clínicas del paciente; después la farmacia verifica la disponibilidad y registra la dispensación. Si no existe stock, el problema pasa a la cadena de abastecimiento y finalmente a los procesos de adquisición.

Dicho de otra manera: un médico puede recetar una medicina que la farmacia no tiene, sin haber provocado que la farmacia no lo tenga.

Y el propio sistema tecnológico del MSP contempla la posibilidad de que exista una diferencia entre lo prescrito y lo efectivamente dispensado. Que una receta no pueda ser atendida no es, por sí mismo, una anomalía creada por el médico: es precisamente una de las situaciones que el sistema de abastecimiento debe detectar y resolver.

¿Dónde esta la responsabilidad del Estado?

La pregunta, entonces, cambia por completo. No es ‘¿por qué el médico recetó algo que no había?’, sino ‘¿por qué el Estado no tenía lo que sus propios médicos estaban prescribiendo?’.

Si el Gobierno afirma que los médicos conocen de antemano el stock y utilizan esa información para provocar compras, debería mostrar la trazabilidad: quién consultó qué inventario, cuándo lo hizo, qué alternativas tenía, qué receta emitió y qué proveedor terminó beneficiándose.

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Sin esa evidencia, la acusación da un salto gigantesco: convierte la consecuencia visible de un sistema de abastecimiento fallido en la supuesta causa del problema.

Una receta no fabrica medicamentos. Y un médico que encuentra una farmacia vacía no puede ser convertido en el responsable de haberla dejado vacía.

Y queda una pregunta adicional: si la explicación de la crisis son ahora los médicos que prescriben fármacos inexistentes, ¿cómo explica el Gobierno la enorme inestabilidad en la conducción del Ministerio encargado de resolver el desabastecimiento?