El disparate

Como si buscar las fallas que pudo haber tenido el anterior gobierno del Ec. Rafael Correa fuera el tema obligado del actual mandatario Lenín Moreno en sus intervenciones públicas, especialmente cuando sale del país, desde hace un tiempo ha asumido también entusiastamente esa tarea el contralor encargado, Pablo Celi, al parecer con el beneplácito del presidente Moreno, que no hace gestión alguna porque se provea de titular a esa máxima entidad de control financiero. Así, la Contraloría del Estado acaba de establecer millonarias glosas que, por predeterminaciones de responsabilidad civil alcanzan los $ 22,1 millones y por responsabilidad administrativa $ 114.921, de acuerdo con el informe DNA3-0016-2018. Las glosas se establecen contra 28 exfuncionarios que participaron en operaciones de financiamiento interno a través de Certificados de Tesorería (Cetes), entre ellos el expresidente Correa y los exministros Patricio Rivera, Fausto Herrera y Diego Martínez, quienes deberán pagar cada uno $ 515.703, habría que suponer que por concepto de multas. Pero en el caso del expresidente Correa el informe asevera que hay responsabilidad penal por la emisión del Decreto Ejecutivo 121, que cambió la contabilización de la deuda pública, según el reporte del diario El Telégrafo, del jueves de esta semana, aunque olvida decir que el mandatario explicó oportunamente las razones objetivas de cambiar parcialmente los elementos tomados como base para ese cálculo contra los prevalecientes para estimar el riesgo país. Como quiera que fuese, las irregularidades o faltas administrativas, en el caso de haberlas, como afirma la Contraloría, convertida ahora en ágil y acuciosa perseguidora del pasado régimen, son en definitiva actos de gobierno efectuados para financiar y beneficiar al propio Estado. Por tanto incurre la Contraloría en contradicción y en un absurdo indigno de esa altísima función de control de cuentas, al imponer multas, no se diga de la cuantía de las impuestas, a los funcionarios que incurrieron en faltas de orden administrativo. En último término, lo hicieron en ejercicio de sus funciones. Por ello tendrían que cargarse al propio Estado y no al bolsillo de los involucrados en esos supuestos o reales “yerros”, como parece pretender el contralor encargado.