La deuda ideologica

El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial están discutiendo la constitución de un fondo de $4.000 millones para apoyar a los países productores de petróleo que han sido seriamente afectados por la caída del mercado del crudo.

No están dados los detalles al momento, pues los equipos correspondientes se hallan aún reunidos en Azerbaiyán (exrepública soviética y exportador de hidrocarburos), pero puede anticiparse que se trata de establecer una facilidad financiera que permita acceso rápido a los países que califiquen y opten por recursos, para apoyar la balanza de pagos, sin tener que recurrir a medidas inconsultas como las salvaguardas o el timbre cambiario.

Entretanto, el Gobierno ecuatoriano se halla atenazado por la camisa de fuerza ideológica de su propia hechura, que le impide tener relaciones francas, soberanas, y productivas con las dos multilaterales financieras de mayor envergadura.

Se escoge en cambio la opción de ir con el sombrero en la mano a Beijing para pedir apoyo, que siempre resulta ser varias veces más caro, más corto en el plazo de repago, y amarrado a la adquisición de bienes y servicios de origen chino.

Para bien entender el costo financiero adicional impuesto a los ecuatorianos, por cada $100 millones, cada punto porcentual representa $1 millón por año. En los últimos 9 años las contrataciones de deuda “dura” – esto es, de por lo menos 3,5 % en costo por encima de lo que se hubiese podido obtener con las multilaterales – ha sido de alrededor de $13.000 millones (entre créditos chinos, emisiones de bonos, y anticipos petroleros), con un ciclo promedio de vigencia de 5 años. Al aplicar los cálculos correspondientes a tales montos, el “sobreprecio” por causa de los altos costos financieros sería superior a los $2.000 millones, o más del 2 % del PIB.

Es, para ahondar en el problema, un perfil de endeudamiento que no es conveniente por corto y abultado, aparte de constituir una carga onerosa que, año a año, incide sobre el presupuesto y demanda recursos que podrían bien utilizarse para apuntalar la inversión y defender los empleos.

Es, en definitiva, el costo de la “deuda ideológica” que forma parte integral de los problemas que tienen en vilo a los ecuatorianos.