La desercion escolar, otro problema del abuso sexual

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La desercion escolar, otro problema del abuso sexual

El Ministerio expidió el protocolo de actuación frente a maternidad y paternidad estudiantil. Sectores aseguran que no se toma en cuenta a los no escolarizados.

Imagen referencial. Estudiante acude a los controles de su embarazo.

Un nuevo componente de lo que provoca la problemática del abuso sexual en niñas y adolescentes es la deserción escolar. Fenómeno que desde el próximo año el Ministerio de Educación busca combatir mediante un protocolo de actuación frente a situaciones de embarazo, maternidad y paternidad de estudiantes en el sistema educativo.

En Ecuador se ha estimado un total de 6.487 casos de adolescentes que abandonan los estudios por motivo de embarazo.

La aplicación del protocolo es obligatoria para todas las instituciones educativas de sostenimiento fiscal, municipal, fiscomisional y particular del sistema nacional de educación. Además regulará las acciones que debe implementar toda la comunidad educativa en beneficio de infantes y adolescentes.

¿Cuál es el objetivo? El ministro Fánder Falconí explicó que el marco normativo dota de lineamientos claros y específicos a los profesionales que conforman los Departamentos de Consejería Estudiantil (DECE) y la comunidad educativa, para atender los casos de embarazo temprano dentro del sistema educativo nacional y así garantizar su derecho a la educación, la permanencia y la culminación de sus estudios. “Ninguna institución educativa puede prohibir o negar a una niña o adolescente continuar o terminar sus estudios”, aseveró.

Asimismo, establecer protocolos que pongan en contexto el embarazo adolescente desde sus determinantes sociales y sus implicaciones en el sistema educativo, y la importancia de promover una adecuada salud sexual y reproductiva para prevenir embarazos en adolescentes, incluidos los embarazos subsecuentes.

También desarrollar estrategias que permitan la detección, intervención, derivación y seguimiento oportuno a estudiantes en situaciones de embarazo temprano, con énfasis en aquellos casos de menores de 14 años de edad, más aún cuando es considerado un problema de salud pública que, a su vez, visibiliza la existencia de un delito sexual.

“Vamos a trabajar desde la prevención, lo que será un avance para que la educación sea más inclusiva”, sentenció el ministro de Educación.

¿Esto es suficiente? Para Virginia Gómez, presidenta de la Fundación Desafío, que trabaja con menores que han sufrido este tipo de abusos, es un paso positivo, que incluso implica a quienes serán padres.

Sin embargo, aún ve vacíos en la propuesta. A sus ojos, el protocolo está dirigido a las menores que están dentro del sistema educativo, y no se toma en cuenta a quienes están fuera del mismo, que a su criterio son la gran mayoría. Según los últimos datos de los que ella tiene referencia, en el país hubo 2.960 niñas menores de 14 años que se embarazaron, de las cuales 1.700 dieron a luz.

“Está bien lo que está haciendo el ministerio, pero qué pasa con las niñas y adolescentes que no están escolarizadas, que tienen que trabajar como domésticas y en casos más graves hasta se prostituyen”, dijo.

Manifestó que en este sentido no hay una propuesta, no se ve qué oportunidades se les va a ofrecer para estudiar, o si se proyecta crear guarderías para dejar a sus hijos para que estudien.

Además afirmó que se debe trabajar en algo más integral, ya que no solo es la escolaridad sino también está el tema psicológico, que debe estar a cargo del Ministerio de Salud, y también hacer un trabajo en educación sexual para que esas niñas y adolescentes que se embarazaron no lo vuelvan a hacer.

Datos

Convenio

3 de octubre, convenio interinstitucional que garantiza espacios libres de violencia.

Unicef

23 de octubre, el Ministerio y Unicef impulsan campaña contra abuso sexual escolar.

Defensoría

14 de diciembre, convenio con la Defensoría Pública para garantizar el debido proceso.