Un desarrollo de la logistica sin precedentes

Todo se necesita por miles. El personal de seguridad, los médicos y los voluntarios; las raciones de comida, de agua o las medicinas. La atención a los afectados por el terremoto de 7,8 grados, en Manabí y Esmeraldas, pone a prueba la capacidad organizativa del Estado.

Los primeros días la reacción fue casi ‘instintiva’. Ahora, se afinan los detalles de la coordinación entre el Gobierno central, los gobiernos locales e incluso la empresa privada y la ciudadanía.

Oficialmente, es el presidente de la República quien está al mando. Él dirige el Comité de Operaciones de Emergencia (COE), a escala nacional.

Sus ‘órdenes’ se operativizan por intermedio de ocho mesas sectoriales: distribución de agua, salud, infraestructura, atención a la población, seguridad, medios de vida y productividad, educación, medioambiente y sectores estratégicos.

Cada una tiene un coordinador: el ministro del área o su delegado.

En esta emergencia hay, sin embargo, una salvedad: el trabajo se dividió entre los funcionarios que están en “territorio” y los que se quedaron en Quito.

Quienes están en la zona afectada por el terremoto del sábado tienen una misión: observar de cerca las necesidades de la población y coordinar las acciones de atención. Varios funcionarios están en esa lista empezando por el vicepresidente Jorge Glas, o los ministros Ricardo Patiño o José Serrano.

Por ahora, solo están en Manabí. Ayer se preveía designar a los encargados del trabajo en Esmeraldas.

Otro grupo de ministros está en Quito, también con una tarea específica, según dijo el ministro de Producción, Vinicio Alvarado: asegurar la provisión de víveres y enseres para los damnificados.

¿Cómo se hace la coordinación? Toda la información se concentra en Quito. La secretaría de Gestión de Riesgos lleva la voz cantante.

Las oficinas del COE provincial o cantonal reportan las novedades locales hacia el centro nacional. Desde allí se distribuyen, entonces, los recursos materiales y humanos, según el grado de necesidades, explicaron técnicos de esa entidad a EXPRESO.

Eso sucedió, por ejemplo, con los equipos de socorro y rescate. Con los primeros datos que se recibieron tras el terremoto, la Secretaría dirigió la movilización de 377 socorristas, incluyendo el aporte de los extranjeros.

Pero la emergencia por el terremoto, al parecer, supera esa planificación tradicional. Los militares también apoyarán. Las Fuerzas Armadas establecerán en las zonas afectadas, un Centro de Operaciones de Emergencia. Hay 10.000 hombres activados para este trabajo.

Desde allí se distribuirá la ayuda. Los militares recibieron el encargo de coordinar el acopio, transporte y distribución de las vituallas para los afectados, por ejemplo. “En territorio se decidirán las necesidades”, dijo ayer Luis Zaldumbide subsecretario de Defensa, a periodistas en Quito.

Y, un escalón más abajo también participará la policía. Las Unidades de Policía Comunitaria (UPC) serán las encargadas de repartir las raciones alimenticias. Lo explicó ayer el ministro de Defensa. En cada una, estarán seis policías, diez militares, más el personal de Salud y de Riesgos.

El Gobierno prevé iniciar el reparto de 12.000 raciones. La intención es que cada kit sirva para una familia de hasta cuatro miembros, por tres días. Se atenderá a 150.000 personas, en la primera fase. Patiño dijo que la atención se incrementará paulatinamente.

Los pobladores deben ir a los UPC.

Y aquí es donde se vuelve indispensable el “diálogo” con la empresa privada, los gobiernos locales y los ciudadanos. Los funcionarios repitieron, al menos, en cinco ocasiones, durante una rueda de prensa, el agradecimiento del Gobierno por las muestras de solidaridad. Pero es necesario poner algo de orden.

El pedido, por eso, es que todo se organice con el Gobierno. Producción está a cargo de coordinar las iniciativas de la empresa privada; Inclusión, de la recepción, sobre todo de alimentos; Interior debe garantizar la seguridad -se han establecido tres rutas seguras hacia las zonas de riesgo- y Salud organizará a los profesionales de la salud voluntarios.