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La Defensoría del Pueblo es el refugio de los partidos observados por Contraloría

La Contraloría insiste que hubo inscripción irregular de cuatro grupos políticos. Los afectados empezaron a diseñar su defensa desde varios frentes

Compromiso Social
La prefecta de Pichincha, Paola Pabón, y Virgilio Hernández llegaron junto a otros militantes de la revolución ciudadana a la Contraloría.Carlos Rueda

No salen de una polémica y ya están en otra. El Consejo Nacional Electoral (CNE) tendrá que decidir sobre la recomendación que hace la Contraloría General del Estado para que elimine del registro de partidos a cuatro organizaciones políticas. La notificación podría llegar la próxima semana.

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El martes, el ente de control leyó un borrador del informe al seguimiento del examen especial al sistema informático y de verificación de firmas aprobado en agosto de 2019. Siete meses después, el CNE apenas cumplió tres recomendaciones, incumplió 9 y siete se ejecutaron parcialmente.

Entre los incumplimientos están que, el CNE, ha permitido que sigan funcionando los movimientos Fuerza Compromiso Social, Libertad es Pueblo, Justicia Social y Podemos, pese a que, según Contraloría, no cumplen los requisitos para continuar operando y señala que “preliminarmente dispone al CNE que deje sin efecto la inscripción”, de esas agrupaciones políticas.

El correísmo fue el primero en reaccionar. Los militantes de la autodenominada Revolución Ciudadana, que en las elecciones seccionales de marzo de 2019 participaron por Fuerza Compromiso Social, acudieron ayer a la Defensoría del Pueblo para pedir una medida de protección ante la pretensión de la Contraloría.

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Vanessa Freire, directora de esta agrupación, recordó que, a inicios de enero de este año, el CNE se pronunció a favor de mantener en el registro de partidos a Compromiso Social porque no encontró nada irregular en su inscripción. “Esta es una acción juzgada. El contralor pretende de un solo plumazo borrar nuestra organización. Llegaremos a todos los organismos nacionales e internacionales pertinentes”, dijo Freire.

Al igual que en Compromiso Social, en Podemos están convencidos que detrás de todo este pedido hay persecución política. El exprefecto del Azuay, Paúl Carrasco, dijo que por el afán de impedir que el expresidente Rafael Correa sea candidato, se ha metido “en la misma colada” a otros grupos políticos.

Querer impedir que participe la fuerza que tiene más opciones, es fraude electoral.

Virgilio Hernández
​Militante de Compromiso Social

Está convencido de que hay temor en ciertos sectores por los resultados que puede obtener su agrupación política en las elecciones generales de febrero de 2021 y por eso se estaría buscando las opciones para sacarlos del registro de partidos y movimientos.

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Entre los dirigentes de Justicia Social hay la misma tesis, aunque aseguran que la persecución no es solo en su contra. Jimmy Salazar, esposo de Pamela Martínez, procesada en el caso Sobornos, le dijo a EXPRESO que además se estaría buscando destituir del cargo a la presidenta del CNE, Diana Atamaint.

Esto se concretaría si la funcionaria ratifica que partidos como Justicia Social están legalmente inscritos incumpliendo con lo que sugiere la Contraloría. “Eso están buscando, especialmente los que son minoría en el CNE y quieren alcanzar puestos estelares”, señaló Salazar que seguirá el mismo camino del correísmo y acudirá a la Defensoría del Pueblo.

Votación

El vicepresidente del CNE, Enrique Pita, recordó que fueron los consejeros de mayoría los que votaron a favor de mantener en el registro a las cuatro agrupaciones políticas. Él y Luis Verdesoto se abstuvieron de hacerlo.

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Informe

El consejero, José Cabrera, dijo que Contraloría en su informe de 2019 recomendó al CNE realizar acciones tendientes a considerar y vigilar la situación legal de cuatro organizaciones políticas y eso se hizo.