La Defensoría del Pueblo informó la presentación de medidas cautelares a favor de los ecuatorianos que se quedaron en el extranjero y requieren volver al país, durante la emergencia sanitaria. Según datos de esa institución, habrían alrededor de 2.700 personas solicitando el retorno a Ecuador.

Son cinco los pedidos citados en el documento firmado por autoridades de dicha entidad: conteo “urgente” de ecuatorianos o residentes regulares que no han podido volver; viabilizar la normativa y logística de ingreso en vuelos humanitarios; que las personas de atención prioritaria sean traídos junto con su núcleo familiar; pruebas de COVID-19 inmediatamente después del arribo; facilitar información sobre opciones de hospedaje, los costos de estadía y alimentación; y disponer el seguimiento del cumplimiento de la resolución al Consejo Nacional para la Igualdad de Movilidad Humana.

En redes sociales, a través de la cuenta de Twitter @DerechoVolver, son varias las denuncias de ciudadanos que exigen al Gobierno central ecuatoriano volver. Entre los argumentos principales de los viajeros constan la falta de dinero para sostenerse en otro país, el reporte de personas enfermas sin garantías de atención y la dificultad de acceder a vuelos humanitarios por el alto costo que estos representan, según la Defensoría los costos superan los $3.000.

Estefanía Ríos y su esposo accedieron al primer vuelo humanitario que abrió el Gobierno, luego del decreto de emergencia en el país, que cerró los aeropuertos a fin de evitar la llegada de viajeros infectados. La experiencia de retorno de la pareja desde México a Ecuador no fue grata, explica Ríos quien tiene tres meses de gestación.

Entre los inconvenientes cita la falta de información clara y oportuna, y el alto costo de regreso. “Nosotros estuvimos en Cancún y a última hora nos avisaron que había un vuelo humanitario que salía desde Toluca”, cuenta.

En ese momento, contra reloj, empacaron y tomaron un vuelo desde Cancún a Puebla y luego Puebla - Toluca, bajo el riesgo de no saber si la pareja podría viajar junta. “Nos arriesgamos y fuimos hasta allá, sin información clara del precio, hospedaje o si solo podría viajar yo, por ser del grupo vulnerable, por mi embarazo”, relata.

A su llegada a Ecuador, continúa, la única prueba que tuvieron que sortear para saber si no habían sido infectados por el coronavirus fue la toma de la temperatura corporal. “El acompañamiento hasta el hotel sí fue bastante riguroso, con patrulleros y todo”, dice. Sin embargo, hasta ese momento, la pareja no sabía cuánto iba a terminar pagando por su llegada.

Ya en el hotel, hicieron cálculos. Ella suma $1.041 en alojamiento y comida para dos personas por 15 días, más $1.116 en pasajes (sin contar los que hicieron dentro de México para llegar al aeropuerto). Más de $2.500, asegura. A eso se suma el costo de un boleto que ya habían pagado para retornar, y que no se les devolvió ni canjeó. “Son valores que no todos pueden pagar”, agrega.

Felipe Garcés, también atrapado en Cancún, México, dice sentirse “desamparado” por el Gobierno Nacional. “En nuestro caso como en el de muchos otros, no ha habido respuesta por parte de las aerolíneas para que nos devuelvan el dinero. Y el costo de volver es muy alto, para eso nos quedamos acá, y nos sale más barato. Pero sin amparo y con la incertidumbre de no sabe cuándo podremos volver”, comenta.

Hace dos semanas la Corte Constitucional emitió un informe al Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional para que se garantice, no solo el retorno de personas vulnerables, sino de todo ecuatoriano que requiera volver por voluntad.

Hace cinco días, el ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador, José Valencia, anunció la suspensión de vuelos humanitarios debido a los incumplimientos de aislamientos de ciertos grupos. “No es posible poner un guardia detrás de cada persona. Si un mecanismo no funciona hay que suspenderlo y luego ajustarlo”, señaló.