Una Corte de Estados Unidos niega la bancarrota solicitada por Leonidas Ortega

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Una Corte de Estados Unidos niega la bancarrota solicitada por Leonidas Ortega

Corte de Bancarrota del Distrito del Sur de la Florida consideró que la actuación del banquero para beneficiarse de esa protección fue deshonesta

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El procurador General del Estado Íñigo Salvador.Cortesía

Leonidas Ortega Trujillo, propietario del banco Continental quería evitar el pago de 191’953.517,50 dólares de una sentencia en favor del Interamerican Asset Management Fund (IAMF), de propiedad del Banco del Pacífico. Pero la Corte de Bancarrota del Distrito del Sur de la Florida, Estados Unidos le negó esa posibilidad, informó la Procuraduría en un comunicado. 

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Señaló que, luego de la presentación de múltiples escritos y la realización de varias audiencias, esa instancia aceptó los argumentos de la Procuraduría ecuatoriana y estableció que la actuación de Ortega Trujillo, para beneficiarse de la protección de la bancarrota, "fue deshonesta", por lo que no acogió su petición. 

La Procuraduría intervino en el proceso 648-1996 iniciado por el Banco Central, el IAMF, el Banco Continental y el Banco Continental Overseas NV en contra de Conticorp S.A., Luis Alberto, Leonidas y Jaime Ortega Trujillo ante las cortes de Nassau (Bahamas) por la transferencia ilegal de una cartera de préstamos en perjuicio del IAMF.

La Procuraduría informó que el 23 de mayo de 2015 el proceso tuvo una decisión final en el Consejo Privado de la Reina en Reino Unido que dispuso a los demandados el pago de los 191’953.517,50 por indemnización de daños, más intereses y costas a IAMF.

Ante esa decisión la Procuraduría inició acciones de reconocimiento y ejecución de la sentencia en EE.UU.

En junio de 2015 Ortega Trujillo acudió a la Corte de Bancarrota en la Florida para declararse voluntariamente en bancarrota como deudor de la sentencia del Consejo Privado de la Reina. Buscaba la protección para que no se ejecutara la sentencia en su contra. Esa pretensión recibió la demanda de oposición el 14 de julio de 2015 por parte del IAMF, representado por la Procuraduría que pidió que sea rechazado.

Finalmente la Procuraduría reiteró que con la decisión de la Corte de Bancarrota el Estado ecuatoriano podrá seguir con las acciones necesarias para ejecutar la sentencia contra Ortega.