Mantiene su autonomía, pero en la práctica, aparece con ‘superpoderes’ que se ven reflejados en sus resoluciones, de cumplimiento inmediato o, en consultas, de otras entidades autónomas. Así, la Corte Constitucional (CC) concluyó un convulsionado 2020 con decisiones que, incluso, le pusieron un alto a decretos Ejecutivos, como los dos últimos estados de excepción que declaró el Gobierno por la pandemia. A continuación los casos más destacados.

ESTADO DE EXCEPCIÓN.

1.El 16 de marzo de 2020, el Gobierno decretó el estado de excepción en todo el territorio nacional por 60 días para evitar el contagio de la COVID-19, que ya encendía las alertas por la detección de los primeros contagiados. No obstante de las medidas y el confinamiento obligado, el virus ingresó vertiginosamente, por lo que el presidente Lenín Moreno renovó la emergencia sanitaria por otros 30 días más. El 14 de agosto, la Corte Constitucional dictó que no admitirá una nueva declaratoria de emergencia sobre los mismos hechos. Sin embargo, el aumento del contagio del virus, las aglomeraciones y la aparición de una nueva cepa de coronavirus, en otros países, llevó al Gobierno (el 21 de diciembre) a decretar un nuevo estado de excepción por calamidad pública. El pasado 2 de enero, la CC publicó la inconstitucionalidad del decreto y, con ello, las restricciones que se establecían.

MINERÍA.

2.En febrero, la CC avocó conocimiento de una solicitud del exprefecto del Azuay, Yaku Pérez, para que califique y dé paso a una consulta popular que defina el futuro de la actividad minera en el Austro ecuatoriano; pedido que fue negado en tres ocasiones. Sin embargo, en septiembre, la CC dio vía libre a una solicitud planteada por el Concejo Cantonal de Cuenca para detener la minería metálica en zonas de recarga hídrica de cinco ríos.

CONCURSO PROFESORES.

3.En este 2021, la Universidad de Guayaquil retomará el VI concurso de mérito y oposición que fue convocado el 14 de octubre de 2020 para otorgar nombramientos a 317 docentes auxiliares titulares. El concurso fue suspendido el 13 de noviembre pasado por una orden judicial, que fue revocada por sentencia de la CC.

ERROR INEXCUSABLE.

4.El 29 de julio de 2020, el Pleno de la CC puso un alto a las actuaciones administrativas del Consejo de la Judicatura (CJ), respecto del ‘error inexcusable’ y la ‘negligencia manifiesta’ con el cual cientos de jueces, fiscales y defensores públicos fueron destituidos de sus cargos, especialmente entre los años 2013-2017. La Fiscalía General del Estado (FGE), la Defensoría Pública (DP); y, principalmente, la Judicatura pidieron aclaración y ampliación de la sentencia, especialmente por el masivo reintegro de exfuncionarios que se acogerían al fallo, en medio de una crisis económica que disminuyó el presupuesto de las entidades del Estado.

ANTICIPO DE RENTA.

5. El 10 de agosto, la CC declaró la inconstitucionalidad de la recaudación anticipada de impuestos. Los 1.188 grandes contribuyentes a los que iba dirigida la medida se libraron de ese pago adelantado del impuesto a la renta, dispuesto en el decreto Ejecutivo 1109, el cual señalaba que la liquidación y pago del anticipo debía ser efectuado hasta el 14 de agosto.

PRESUPUESTO.

6. El 11 de septiembre, la CC revocó las medidas cautelares que fueron concedidas en mayo de 2020 para que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se abstuviera de modificar el presupuesto de las universidades, por la emergencia sanitaria decretada en marzo por el coronavirus. La CC consideró que lo actuado por Finanzas estaba dentro de sus competencias.

CNE vs. TCE

7.El 24 de diciembre, la CC publicó uno de los últimos pronunciamientos del 2020. Inadmitió a trámite la demanda de dirimencia de conflicto de competencias presentada por la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint, en contra el Tribunal Contencioso Electoral (TCE). La acción no prosperó porque no se cumplió con el requisito de los fundamentos constitucionales de apoyo para la pretensión.

CASO SOBORNOS.

8.Entre los pendientes para este 2021, están las 18 acciones extraordinarias de protección que presentaron los sentenciados por cohecho pasivo agravado, dentro del caso Sobornos 2012-2016, encabezado por el expresidente Rafael Correa, su exvicepresidente Jorge Glas y otros allegados al exmandatario, que recibieron ocho años de cárcel. Otros diez empresarios o accionistas de compañías también fueron condenados. La jueza Carmen Corral conocerá las 18 acciones. También está pendiente el pedido de revocatoria del pago de la pensión vitalicia del expresidente Correa.