La corrupcion y su laberinto
Que todo quede atado y bien atado se intentó en los años finales de la dictadura franquista en España. Igual hizo Pinochet durante la suya en Chile. Aquí, la Constitución de Montecristi, que para algunos es un símbolo del neoconstitucionalismo, sin negar los avances logrados en el propósito garantista que los animaba, en la práctica de estos diez años en que se la ha manipulado al gusto, también es claramente visible que la búsqueda fundamental al elaborarla fue conseguir un manejo totalitario del poder que, radicado en el Ejecutivo y con la complicidad de una función Legislativa sometida, permitió instaurar una dictadura de elección popular, que al tiempo que un manejo discrecional de la cosa pública, facilitó el prolongarse en el poder sin, aparentemente, haber salido de la legalidad. Luego, siguiendo un protocolo que ha tenido las características propias de una franquicia política, al igual que en los países que conforman la denominada ALBA, se buscó la reelección indefinida. Mientras tanto, no únicamente se metió la mano en la administración de la justicia. Aunque las denuncias de corrupción se dieron desde los primeros días del ejercicio presidencial de Alianza PAIS, siempre se las desestimó y algunos de quienes las hicieron están presos o perseguidos. Sin embargo, cuando la ratificación de algunas de ellas y otras, sospechadas pero no evidenciadas, llegaron desde afuera, ya no se las pudo soslayar y es ostensible la voluntad oficial de no permitir un esclarecimiento que el Ecuador exige, dado el impacto que podría tener en el resultado de las próximas elecciones. Dicha actitud hace crecer la sospecha de que funcionarios candidatos podrían estar seriamente involucrados. Avergüenza que mientras en los países vecinos hay procedimientos judiciales en marcha, que incluyen hasta expresidentes, aquí solo se procede a intentar descalificar sin desvirtuar, los testimonios de algún arrepentido, al tiempo que frívolamente, se aventuran pronósticos con el claro objetivo de curarse en salud. Así, se llega a las elecciones con grave riesgo de elegir corruptos y sin una visión clara respecto a cómo cambiar un ordenamiento constitucional perverso que pese a la frustración de Montecristi, pareciera no es posible modificar sin convocar una Asamblea Constituyente que lo desmonte.
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