Los correistas insisten: la mesa esta servida

Roberto Aguilar

La proforma presupuestaria para 2017, enviada por Lenín Moreno a la Asamblea, fue aprobada con los 75 votos de rigor, la abstención socialcristiana y la oposición del resto de las bancadas. No cabía esperar otra cosa ante un presupuesto que ya lleva ocho meses en ejecución. Lo interesante fue el debate que se produjo: un adelanto de lo que vendrá luego de septiembre, cuando el presidente envíe la proforma para 2018.

Pero primero, antes de entrar en materia, el Pleno de la Asamblea fue testigo de un nuevo capítulo de la persecución que el presidente José Serrano viene ejecutando en contra del coronel César Carrión, el exdirector del Hospital de la Policía, a quien el expresidente Rafael Correa acusó de intento de magnicidio, nada menos, y hoy se desempeña como asambleísta de CREO por Tungurahua. Si cuando Serrano era ministro del Interior fue el acoso judicial y el desprestigio profesional al interior de la Policía, hoy que preside la Asamblea es la simple y sistemática negativa a concederle la palabra en las sesiones.

Consta en secretaría: 18 veces ha solicitado hablar César Carrión en esta legislatura y 18 veces se le ha impedido hacerlo. Hoy, finalmente, tomó la palabra. Serrano no tuvo más remedio que concedérsela, pues había presentado una solicitud de cambio del orden del día. Pero en cuanto pudo se la quitó al menor pretexto. “Haga su trabajo, señor presidente”, le había increpado Carrión, y Serrano lo tomó como un insulto, mandó a apagar su micrófono y ahí quedó el representante electo de Tungurahua, profiriendo protestas inaudibles.

En cuanto al debate sobre la proforma presupuestaria, no aportó ninguna novedad con respecto al consabido cruce de versiones sobre las cifras de la economía que se remontan al tiempo de las sabatinas. Si los correístas calculan un déficit de 4 mil millones, la oposición cita estudios que lo fijan en 7 mil millones. Si los correístas hablan de una inversión social que supera los 11 mil millones frente a un servicio de deuda de 9 mil millones, la oposición dice exactamente lo contrario.

El optimismo oficialista pone en duda las palabras del propio Lenín Moreno: “Evidentemente -aseguró Pabel Muñoz- esta fue la década ganada para nosotros”. Esta última frase puede ser interpretada. “Evidentemente -insistió- la mesa está servida”. Y especificó: “para el pueblo”.

El origen de las diferencias en torno a las cifras del presupuesto (los “numeritos”, se burló Mae Montaño) parece estar en la manera de calcular la deuda del Estado. Cierto es que, según los criterios del Manual de Finanzas Públicas del FMI, la deuda consolidada se sitúa en alrededor del 29 % del PIB. Pero los correístas actúan (y debaten) como si las otras deudas (la agregada, la no registrada, la flotante...) no tuviera que pagarlas el país. “Trampas de semántica”, dijo Patricio Donoso, de CREO. Así, con una deuda calculada en 27 mill millones por unos y en 60 mil millones por otros, no hubo posibilidad de acuerdo en el debate de ayer en el Pleno.

Infructuosamente se complacieron los asambleístas de la oposición en restregar las cifras reales a los correístas. La deuda de 2.500 millones a la Seguridad Social; los 6.500 millones de deuda petrolera; los 1.200 millones impagos por concepto de jubilaciones; los casi 15.000 millones en bonos internos...

A Franco Romero, de CREO, se le ocurrió una comparación significativa: considerando los ingresos por exportación de banano, café, cacao y otros productos agrícolas, calculó que un año de sueldos públicos equivale al trabajo de dos millones de personas por cuatro años.

“El Estado tiene el tamaño que exige su Constitución”, es la postura de Pabel Muñoz al respecto. Nada conmueve a los oficialistas. Por último, repitieron casi todos, ¿de qué se quejan si en tiempos de la partidocracia estábamos mucho peor?

Origen de una persecución

A César Carrión pretendieron hacerlo responsable del supuesto secuestro de Rafael Correa en el Hospital de la Policía, el 30 de septiembre de 2010. Fue absuelto y él interpuso una demanda en la CIDH en contra del ministro del Interior, José Serrano, por persecución política. ¿Es por eso que Serrano lo mantiene condenado al silencio?