El correismo va tras el Consejo de Participacion

La nueva integración de los organismos de control navega entre dos aguas: el interés de las actuales autoridades de borrar todo vestigio del correísmo y los intentos de los seguidores del expresidente Rafael Correa de recuperar injerencia en el Estado.

En juego está el ‘control’ del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), el Consejo Nacional Electoral (CNE), el Consejo de la Judicatura y la Corte Constitucional.

Hasta ahora, los correístas han fracasado en sus intentos por ser reconocidos como agrupación política y, por lo tanto, presentar en procesos electorales bajo una bandera propia. Todavía tienen abierta, sin embargo, la vía de la “participación ciudadana” que les permitiría estar en los mandos directivos de las entidades públicas. Su primer objetivo: el Consejo de Participación.

“¿Quieres ser candidato al CPCCS y ayudar a reconstruir tu Patria de este desastre cuántico?”, escribió Correa en su cuenta de Twitter. Los militantes de la autodenominada Revolución Ciudadana se alistan para organizar a los posibles postulantes que comulguen con su visión. “Tenemos hasta el 28. ¡Venceremos!”, añadió el exmandatario.

El Consejo de Participación, que se creó en la Constitución de 2008, es clave en el esquema administrativo vigente: desde allí se selecciona a los vocales y titulares de una docena de entidades. Ahora mismo, el organismo transitorio (conformado tras la consulta popular de febrero) abrió el proceso para elegir a los integrantes definitivos la Judicatura y la de Corte Constitucional.

En esos procesos, en cambio, hay un par de prohibiciones para los futuros candidatos que podrían leerse como una respuesta al correísmo.

Así, por ejemplo, no podrán postular de la Judicatura ni a la Corte quienes hayan sido parte de la directiva de algún partido o movimiento político en los últimos 10 años. Es decir, el periodo en el que apareció la llamada revolución ciudadana.

Tampoco podrán participar quienes tengan contratos con el Estado para la ejecución de obras públicas, prestación de servicios o explotación de recursos naturales. Justamente las áreas en las que se han registrado denuncias de posible corrupción.

Tampoco podrán ser candidatos quienes fueron parte de las anteriores Judicatura y Corte Constitucional.

El miércoles, Pablo Dávila, vocal del Consejo de Participación transitorio, aseguró que ahora sí se había construido una normativa que reduce el límite del espacio para la subjetividad. Él aseguró que, al menos el anterior proceso de selección de la Corte (es decir, bajo las reglas del correísmo) “falló y se cooptaron los procesos para una conformación indebida”. Ahora ofrecen transparencia.

EXPRESO buscó ayer una reacción de dos de los principales voceros del correísmo, Ricardo Patiño y Paola Pabón, pero hasta el cierre de esta edición no se pronunciaron.

Aliados

Reclaman presencia electoral

Las agrupaciones políticas y sociales que fueron aliadas del Gobierno de Rafael Correa, reclaman su presencia. Bolívar Armijos encabezó una marcha hasta el Consejo Nacional Electoral (CNE) para reclamar la no calificación como movimiento nacional a Fuerza Rural.

Afirmó que en 2016 presentaron un millón de firmas y el CNE calificó 130.000. Solicitaron que se recalifique las firmas y participar del proceso.

Este proceso según la vocal del CNE, Diana Atamain se puede cumplir; sin embargo, reconoció que no podrá participar en el 2019.

Otra organización que está en problemas es el Partido Socialista. A este no le calificaron la directiva nacional. Se busca una solución. Atamaint dijo que el problema interno no impide la participación en las elecciones. Se propone que en provincias, si las directivas están registradas formalmente sí puedan participar. RRG