Correa abre la puerta a la flexibilidad laboral

Ante un escenario complicado económicamente, donde se han perdido plazas de empleo, el sector privado ha pedido que la ley sea más adaptable a la realidad laboral.

El Gobierno ha dado una respuesta a esos pedidos: el sábado 6 de febrero, el presidente Rafael Correa anunció en la sabatina un proyecto de ley urgente en materia económica con el fin de “flexibilizar el empleo”. Según dijo Correa, la flexibilidad laboral “se permitirá que en condiciones extremas, y previo acuerdo entre las partes entre empleadores y empleados”.

Así, se podría reducir la jornada laboral y pagar un salario en relación a las horas laboradas para evitar un mal mayor: perder empleo. Por ejemplo, “en lugar de que cierre una empresa, o que despida trabajadores, por pagar ocho horas cuando solo necesita seis, que pueda trabajar solo seis horas laborales”, dijo Correa. También se podrán elaborar jornadas de trabajo concentradas: “trabajar diez horas diarias, en lugar de ocho, cuatro días a la semana, un total de cuarenta horas semanales...”.

Los empresarios han manifestado su satisfacción por el mencionado proyecto, pues habían cuestionado la eliminación de los contratos fijos en la Ley de Justicia Laboral. Pero tienen sus reparos, tal como los de los opositores de la Asamblea. ¿Qué les inquieta? La falta de hechos concretos. El presidente dijo que la norma que propone contempla que si los trabajadores no reciben el pago completo de sus horas de trabajo, la empresa no podrá declarar utilidades.

Patricio Donoso, asambleísta de CREO, considera que esa tesis del Gobierno es una condena a la repartición de utilidades. ¿Cómo se limitará la entrega de las ganancias? ¿Cómo se controlará el cumplimiento? Son dudas que deberá disipar en el proyecto de ley, dijo a este Diario.

Ramiro González, principal de Avanza, también tiene inquietudes. Él se reunió ayer con legisladores para recoger observaciones. El problema, dijo, es que no existe -o al menos no había llegado a la Asamblea hasta el jueves pasado- un borrador del proyecto que por ser urgente, debe tramitarse en un mes.

Aunque algunas organizaciones creen que un ajuste en las horas de trabajo es necesario para evitar el desempleo, consideran que el Gobierno aprovechará la normativa para incluir temas que perjudiquen al trabajador.

Gilmar Gutiérrez, asambleísta de Sociedad Patriótica, dijo que habrá “alguna herramienta para presionar a los trabajadores y que otorgue más poder al presidente Correa”.

El sector de la construcción considera que la herramienta es útil, pero que aún falta conocer más sobre definiciones. La flexibilización o adaptabilidad laboral ¿será temporal? ¿elimina obligaciones de seguridad social? Esos puntos deben quedar claros, según la Cámara de Industrias, antes de sentarse a conversar.

Ayer se reunieron varios gremios, entre ellos, la Unión Nacional de Educadores, centrales de trabajadores municipales y provinciales, estudiantes, médicos y jubilados en Quito, para tratar estos cambios. También la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres y el Frente Unitario de Trabajadores tenían previsto congregarse ayer para llegar a una tesis conjunta. Jaime Arciniegas, miembro del Parlamento Laboral Ecuatoriano, se opone al planteamiento del Ejecutivo. Según él, los cambios expuestos, no son pertinentes, puesto que el sector privado “no se encuentra en crisis, además de que se estaría precarizando el empleo al retomar los contratos de plazo fijo”.

Correa también se refirió al incentivo de empleo para los jóvenes de entre 18 y 24 años. El Estado cubrirá el aporte al Seguro Social que le correspondería al patrono, esto significa 11,5 % del salario básico unificado para los que no tienen experiencia. Es para un contrato mínimo un año, y prorrogable máximo a dos.

Habrá cambios en el tema de pasantías. La Ley de Justicia Laboral obliga a las empresas pagar a los pasantes un salario básico, pero eso ha provocado, reconoce el presidente, una caída en ese tipo de contrataciones. WMA