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Coronavirus: Ya son 1.189 infractores por incumplir el toque de queda la primera vez

La cifra de detenidos antes del reglamento para sancionar a quienes no acatan el toque de queda alcanzó los 1.016 personas.

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Policía y militares siguen en las scalles ejerciendo los controles de restricción vehicular y toque de queda.Gustavo Guamán

Desde la semana pasada que los ministerios de Gobierno y de Salud acordaron un reglamento para sancionar a quienes incumplan el toque de queda por la emergencia sanitaria para contener el avance del COVID-19, y ya suma 1.189 la cifra de infractores.

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Ellos deberán pagar 100 dólares cada uno por haber sido su primera infracción. Son hasta el momento 118.900 dólares los que se deberán recaudar a través de las planillas de los servicios básicos. Pero los cobros se ejercerán desde agosto de 2020, según contempla el reglamento.

Según los resultados de la operatividad de la Policía, la cifra de detenidos antes de la vigencia de la normativa se quedó en 1.016. Ha aumentado el número de conductores de vehículos sancionados a 1.980 y en motos alcanzó los 639 sancionados. Hubo 731 controles de personas en aislamiento, vuelos humanitarios en arribo 672 y en salida 3.966 y 2.123 viajeros en aislamiento.  

Hasta antes de la vigencia del reglamento la Fiscalía había procesado más de 1.160 procesados con casi 400 prisiones preventivas y casi 500 con medidas sustituvas.

Si el sancionado no lo tiene pues su nombre y la multa que deberá cancelar se registrará en una plataforma que debía habilitar el Ministerio de Telecomunicaciones. Esa información se remitirá a las instituciones que proveen prestaciones o servicios públicos y tienen capacidad de coactiva para su cobro, pero a partir de agosto de este año.

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La disposición de cobro de multas consta en un reglamento suscrito en Guayaquil el 25 de marzo pasado. La normativa señala que para la segunda infracción la multa es de una remuneración básica y en la tercera violación del toque de queda se aplicará el artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) que sanciona el incumplimiento de decisiones de autoridad legítima y se castiga con entre uno y tres años de cárcel.

Para el jurista Nicolás Salas si bien el sistema de multas vulnera el principio de legalidad, ha servido para que la primera opción de la Policía no sea la privación de la libertad. Según su criterio era una medida desproporcionada. Pero Salas cree que la gente ya está haciendo conciencia.