Un total de 403 personas se enfrentan a una investigación penal, en medio de la emergencia sanitaria por el Covid-19 en Ecuador, país que registra, hasta el momento, 536 casos confirmados, según el último balance oficial.

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De acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado (FGE), a 374 de ellos se les inició una instrucción fiscal por el delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, tras ser detenidos durante el toque de queda y restricciones en la movilización, decretadas por el Gobierno, en un intento por frenar los contagios.

De los procesados, 92 quedaron con prisión preventiva, mientras que 137 con medidas sustitutivas. Otros 121 están en investigación previa, 24 sentenciados y dos quedaron libres de culpa, por lo que se archivó su causa, según el último corte que hizo la FGE, que fue a las 17:00 del 20 de marzo.

La Defensoría Pública informó que patrocinaron a 290 personas que fueron procesadas entre el 17 y 19 de marzo, en 176 audiencias de flagrancia que se registraron en 21 de 24 provincias del país. No contaban con abogado particular.

Los casos más frecuentes fueron por incumplimiento de decisiones de la autoridad legítima y del toque de queda; contravenciones de tránsito; y, violencia intrafamiliar. En la provincia del Guayas se registró el mayor número de procesados. 

De los 201, un total de 149 fueron representados por un defensor público; seguido de Manabí, con 17; El Oro, 16; Bolívar y Azuay, 15; Esmeraldas y Pichincha, 11. En Cañar se dieron 8 atenciones en patrocinio; en Los Ríos, 7; Imbabura, 6; Sucumbíos, Cotopaxi, Chimborazo y Santa Elena, 5 cada una; Pastaza y Morona Santiago 3, cada provincia.

Un menor número de casos de patrocinio del Estado se registró en Tungurahua con 3; Carchi y Santo Domingo de los Tsáchilas, con dos cada una; Loja y Orellana con uno. Napo, Morona Santiago y Galápagos no registraron ningún caso.

Ángel Torres Machuca, defensor general, ratificó la responsabilidad de la institución de brindar una defensa técnica y de calidad a las personas que por su condición social, económica, cultural o en estado de indefensión no puedan contratar un abogado particular.

Según la entidad, también mantienen reuniones permanentes por medios telemáticos con personal misional y administrativo para garantizar la atención en las unidades de flagrancia, 24 horas al día, de manera ininterrumpida.