Las denuncias se convierten en sanciones de a poco. La Contraloría General del Estado detectó irregularidades en las compras hechas por el Hospital de niños Baca Ortíz para atender la emergencia sanitaria derivada por la propagación del coronavirus. Un informe publicado este mes evidencia novedades en las adjudicaciones realizadas entre marzo, abril y mayo.

La casa de salud, adscrita al Ministerio de Salud Pública, usó fondos estatales para adquirir pruebas rápidas para detectar Covid-19, gafas protectoras, mascarillas especiales, bolsas para cadáveres, láminas de protección, batas largas y guantes por más de 71.000 dólares. El problema, detectó la Contraloría, es que la compra se hizo a proveedores que no tenían autorizado vender ese tipo de bienes y productos.

El informe, aprobado el 16 de julio de este año, muestra que los proveedores adjudicados tenían registradas actividades distintas a la entrega de insumos médicos. En el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) las personas naturales y jurídicas que venden bienes o servicios al Estado deben especificar su razón social.

La falta de credenciales provocó que los contratados no entreguen todos los productos comprados. Dentro del hospital nadie reclamó por los incumplimientos.

Los médicos del Baca Ortíz tuvieron que atender, por ejemplo, sin las batas especiales multiuso necesarias que fueron adquiridas pero nunca fueron entregadas.

El resto de compras médicas realizadas por los hospitales del Ministerio de Salud, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol) y del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa) también son motivo de exámenes especiales por parte de la Contraloría General.

El caso del Baca Ortíz es el primero en contar con un informe aprobado por las autoridades y publicado en la página web de la Contraloría.

EXPRESO consultó con el Ministerio de Salud Pública sobre la falta de control en las compras de sus hospitales y sobre las anomalías detectadas en el centro de atención infantil Baca Ortíz. Hasta el cierre de esta edición, sin embargo, no hubo respuesta.

En junio, el ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, aseguró que se envió a las entidades de control toda la documentación de compras que se hicieron en los hospitales y centros de salud a su cargo. Él afirmó que hay novedades y que los análisis previos hablan de una presunta afectación al Estado.