La Contraloría desiste de Seguros Sucre y abre una licitación
Desierta la contratación del seguro de bienes, en la que la aseguradora era única invitada. El edificio incendiado no está considerado en las pólizas
Las autoridades de la Contraloría General del Estado dieron marcha atrás en su intención de confiar a Seguros Sucre el aseguramiento de sus bienes e instalaciones por los próximos ocho meses.
El organismo inició el jueves último un procedimiento abierto, tras declarar desierto el proceso de régimen especial en el que la aseguradora estatal era invitado exclusivo.
En una resolución del pasado 14 de junio, firmada por Darwin Moreno Garcés, coordinador Nacional Administrativo y de Servicios, la entidad echó abajo la decisión de asignar directamente a Sucre el contrato, que se previó con un monto referencial de 199.497,24 dólares.
La Contraloría recordó que durante la elaboración del estudio de mercado, solicitó cotizaciones a varias aseguradoras, las cuales se negaron a enviarlas por políticas internas. “Tampoco manifestaron interés a la convocatoria realizada a través de publicaciones en prensa y en la página web institucional”.
¿Qué motivó entonces a declarar desierto el proceso? “Por considerarse inconvenientes para los intereses nacionales o institucionales, toda vez que se pueda realizar a través de convocatoria abierta a las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, asociaciones de estas o consorcios o compromisos de asociación, que se encuentren habilitadas en el Registro Único de Proveedores”, señala el documento de la resolución publicada en el portal de Compras Públicas.
La Contraloría cortó así el hilo de contrataciones directas que desde el 2020 había iniciado con Seguros Sucre como proveedor de las pólizas. Para el nuevo proceso, por recomendación del área de Gestión de Compras Públicas, la administración resolvió aplicar la figura de licitación de seguros.
El procedimiento en marcha mantiene los mismos términos en cuanto a monto referencial, y vigencia de las pólizas (245 días). El valor total asegurado de los activos de la entidad es de $ 55’652.781,78 (edificaciones y estructuras, muebles y enseres y equipos en general, herramientas y maquinaria).
EXPRESO consultó a la Contraloría si las pólizas de todo riesgo a contratar para sus activos cubrirán también al edificio que fue incendiado durante las protestas de octubre de 2019, y que no estaba asegurado, tal como se reveló en la edición del pasado jueves.
La Comisión de Fiscalización de la Asamblea iniciará una investigación que se centrará justamente sobre por qué ese bien no estaba amparado por el seguro, según lo confirmó el legislador Marco Troya.
El Cuerpo de Ingenieros del Ejército, que estuvo a cargo de la construcción del edificio siniestrado, está encargado de su reconstrucción.
“El proceso contractual para la construcción del edificio al que se hace referencia aún se encuentra en ejecución, puesto que no ha sido recibido a entera satisfacción por parte de la Contraloría, no se ha firmado el acta de entrega-recepción definitiva”, puntualiza la entidad.
En consecuencia, aclara el organismo, “el inmueble está bajo la responsabilidad del Cuerpo de Ingenieros del Ejército en su calidad de contratista, por lo que no ha sido considerado dentro del programa de seguros 2021-2022, debido a que el bien no es propiedad de la Contraloría”.
¿Cuál es el valor asegurado de cada uno de los dos edificios que resultaron destruidos? “Sobre la base del estado actual de los bienes que son propiedad de la Contraloría y constan en los registros institucionales, el valor por asegurar se calculó en $ 10 millones”, menciona.
Según la Contraloría, luego de la rehabilitación del edificio se realizará la revalorización del bien y se incrementará la suma asegurada.
EL DETALLE
Cronograma. La fecha estimada para la adjudicación del nuevo proceso es el próximo 20 de julio.
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El procedimiento de contratación para el programa de seguros de ramos generales que la Contraloría declaró desierto el pasado 14 de junio, había iniciado el 8 y se amparaba en una norma de la Ley de Contratación Pública que permite los compromisos contractuales entre entidades públicas o sus subsidiarias.
Según la entidad, la única aseguradora que presentó la respectiva proforma, condiciones generales y específicas para la contratación fue Seguros Sucre. Una vez autorizado el plazo de contratación por 8 meses 245 días, el organismo de control solicitó a la aseguradora una nueva propuesta por un plazo de 8 meses.
