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La Contraloría declara en emergencia de control público al hospital Teodoro Maldonado

El contralor, Pablo Celi, anuncia un plan intervención de emergencia que abarca a la operación integral del centro de salud

Contralor emergencia Teodoro
El contralor, Pablo Celi, declara en emergencia el hospital Teodoro Maldonado hoy en Guayaquil.MIGUEL CANALES / EXPRESO

La Contraloría General del Estado declaró la mañana de este 19 de enero en “emergencia de control público” al hospital Teodoro Maldonado Carbo del IESS. El anuncio lo hizo el contralor Pablo Celi desde la dirección provincial de Guayas, en Guayaquil.

“La situación del hospital Teodoro Maldonado Carbo obliga a la Contraloría General del Estado a establecer un plan de intervención urgente e integral. El día de hoy estamos avanzando en el diseño de una nueva acción de control que va a abarcar la totalidad de la operación de esa entidad”, explicó Celi.

La intervención implica el análisis y revisión del total de las operaciones que realiza el hospital. Otros cinco hospitales de Guayaquil van a ser investigados.

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Según el contralor, en los exámenes ya realizados al hospital ellos han analizado convenios de pago que han cubierto el 83 % de las operaciones. Además, menciona que la casa de salud no ha podido justificar la evasión de procedimientos de contratación pública, entre otras irregularidades.

“Esos hallazgos dieron lugar a un indicio de responsabilidad penal y a sanciones civiles y administrativas por 33 millones de dólares”, acota.

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Celi también mencionó que ahora están realizando un nuevo examen que tiene que ver con procesos de bienes y servicios y consultorías y equipos. “Quiero advertir que los equipos de control han hecho una exigencia de información que se encuentra incumplida. La Ley Orgánica de la Contraloría señala que una resistencia e incumplimiento frente a una exigencia de información es sancionada con destitución”, detalló.

Celi, quien se encontraba reunido con los directores provinciales de la Contraloría, también informó que desde hoy se va a realizar un proceso de descentralización de la institución con el objetivo de que “no quede sin ser revisado, con procedimientos técnicos, y en base a la normativa legal la totalidad de los proyectos que tienen asentamiento territorial en la costa del país”.