El Estado tuvo un perjuicio millonario por la suspensión de servicios y reprogramaciones injustificadas de los trabajos en campos menores de la extinta Petroamazonas, señala un informe de la Contraloría. El organismo afirma que la contratista tampoco cumplió con el plan de capacitación para los funcionarios de la empresa pública.

La Contraloría confirmó nuevas glosas, por 152’710.647 de dólares. Son el resultado de los hallazgos del examen especial a los procesos precontractual, contractual y de ejecución de los contratos C0389-PAM-EP-2018 y C0390-PAM-EP-2018, y sus adendas modificatorias, para invertir en los campos menores Drago y Guanta-Dureno, ejecutado en la extinta Petroamazonas.

La Contraloría apuntó sus sospechas de la posible responsabilidad civil de un proveedor contratado en 2018 por la estatal para proveer servicios específicos, como actividades de perforación, reactivación de pozos cerrados, construcción y ampliación de plataformas petroleras.

Según el ente de control, valiéndose de su voto dirimente en el Comité Ejecutivo del contrato C0389-PAM-EP-2018, la contratista aprobó la reprogramación de los trabajos del Plan Anual de Inversiones Comprometidas de 2020 en el campo Drago, aunque los representantes de Petroamazonas en el Comité no estuvieron de acuerdo con esa decisión.

Según confirmó el equipo de auditoría, los argumentos expuestos por la compañía de servicios para justificar las reprogramaciones, "no se inscribieron en las causales técnicas o económicas definidas en el contrato para realizar cambios en la planificación, originando un perjuicio al Estado de USD 152’497.915, monto por el cual se determinó la glosa".

Añade que el proveedor suspendió sin justificación sus actividades por más de 60 días, incurriendo en uno de los motivos para la terminación anticipada del contrato. El resultado de los incumplimientos fue que no se incrementó la producción de los pozos.

Por las reprogramaciones de las inversiones en los campos Drago y Guanta Durero, la afectación habría sido de 204.618.781 dólares, puesto que la glosa por más de 51 millones, cuya confirmación se informó el 6 de julio, es resultado de la misma acción de control.

En cuanto a la implementación de programas de capacitación la Contraloría determinó que el contratista no ejecutó los planes dirigidos al personal de Petroamazonas sobre transferencia tecnológica, mejores prácticas y avances de la industria petrolera.

Por no observar las cláusulas contractuales se confirmaron dos glosas más, por 173.142 y 39.589 dólares para funcionarios que trabajaron en la empresa pública entre 2017 y 2020 y para la contratista, debido a que reprogramaron para el siguiente año las capacitaciones previstas para 2020.

El organismo de control dejó abierta la posibilidad de que quienes fueron señalados tienen el derecho de interponer un recurso de revisión en sede administrativa, ante la Contraloría o en los tribunales de lo Contencioso Administrativo.