Dos años y dos meses después, un nuevo aluvión sorprendió a los vecinos de La Gasca y La Comuna. Con el lodo, los troncos, las piedras y el agua, se arrastró también un viejo temor y el recuerdo de las 28 vidas perdidas en enero de 2022.

Los 21 ediles del Concejo Metropolitano de Quito compartieron con EXPRESO sus reflexiones a partir de la nueva tragedia que dejó un fallecido y que desnudó, de nuevo, un riesgo permanente al que Quito está expuesto: el de los movimientos en masa en una ciudad rodeada de laderas y quebradas, que ha crecido en desorden y que, cada cierto tiempo, vuelve a llorar a sus muertos sepultados bajo escombros. 

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Además hablaron de las omisiones y errores de las autoridades. También se carga una corresponsabilidad ciudadana.

Por estos días, varios concejales han desfilado por el sector de La Gasca y La Comuna, zona donde habitaba Fernando Llumipanta, la víctima fatal del más reciente aluvión. Pero, ¿cuál es su labor desde sus competencias? Diego Cevallos, de Gobernanza Local EC, subraya que el Concejo no tiene un rol ejecutivo, por lo que ningún edil puede disponer la ejecución de obras públicas. Su labor es únicamente en materia de fiscalización y legislación.

En este caso, su aporte debe encaminarse a crear “regulaciones que prevengan riesgos de esta naturaleza, así como a través de la aprobación del presupuesto de la ciudad, asignar recursos para los proyectos que se plantean por parte del Ejecutivo y entes operativos municipales, para mitigar estos riesgos”, dice Cevallos.

Dada la magnitud del aluvión del 31 de enero de 2022, el Concejo anterior y el actual ya han tratado el tema dentro de sus facultades. Un ejemplo claro, que la mayoría de los ediles mencionó al ser consultados por este Diario, es la Ordenanza Verde Azul. Es un documento que el Concejo que lo precedió dejó listo para segundo debate y que fue aprobado en julio de 2023.

Aunque ambos cuerpos edilicios lo trataron, no fue su iniciativa. En realidad, lo hicieron tras una sentencia de la Corte Constitucional, que dictaminó que el río Monjas es sujeto de derechos y que, además, ordenó a la ciudad expedir la ordenanza que regula la preservación de las quebradas y la prevención y mitigación de riesgos.

Una de las inquietudes que los ediles trasladarán al Pleno del Concejo es la prevención. La concejala Sandra Hidalgo dijo que visitó la calle Berrutieta, la zona más afectada en el desastre de hace dos años. Cuenta que la gente le informó que las alarmas, que supuestamente debían ser para una alerta temprana, no funcionaron como deberían.

“Vamos a hacer una fiscalización de todo lo que nos informa la Secretaría de Seguridad qué ha hecho para saber qué funcionó y qué no funcionó y, por supuesto, por qué no funcionó”, dijo la funcionaria. Propone que se inicie con un monitoreo permanente, desde 4.000 metros hacia arriba de la ladera.

Pero los ediles también reflexionan sobre un tema del que los vecinos conocen y solo mencionan en voz baja: la corresponsabilidad. El día del desastre, se vio que además de agua, lodo y piedras, por las calles bajaban troncos de árboles recién talados. 

Para Hidalgo, al igual que para otros concejales como Joselyn Mayorga, Diego Garrido, Ángel Vega, María Fernanda Racines, Wilson Merino, entre otros, es importante un control sobre las construcciones que se levantan en zonas de riesgo.

Algunos hablan de la necesidad de concienciar a la comunidad sobre la importancia de colocar escombros únicamente en los sitios que el Municipio ha destinado para ello y otros, de endurecer las sanciones para quienes incumplan con la normativa de construcciones, talen bosques o boten basura y desperdicios en zonas prohibidas, sin medir el riesgo que implica.

Una de las propuestas del concejal Merino es que se analice la situación en la zona y que, de ser el caso, se reubique a las familias que estén en los puntos de riesgo para evitar mayores desgracias a futuro.

A decir del concejal Héctor Cueva, además de fortalecer las medidas de prevención y control, “se debe motivar a la ciudadanía a recuperar el espíritu de la minga comunitaria, en conjunto con las instituciones municipales como Administraciones Zonales, EPMMOP, Secretaría de Seguridad”, para mantener limpias y seguras las quebradas. 

Cevallos considera que todas estas acciones pueden ser evaluadas en el pleno del Concejo, pues los ediles requerirán información y, finalmente, se podrá analizar si es necesario, crear nuevas regulaciones y asignar recursos que financien los proyectos que permitan mitigar los riesgos existentes y mejorar los planes de prevención.

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