Comunicacion: la pelota en cancha de la Asamblea
Gremios. La Aedep cree que las relatorías de la OEA y la ONU deberían acompañar la labor legislativa.
La meta de la Asamblea es tener lista la reforma a la Ley de Comunicación hasta agosto. Así, al menos, está en la planificación aprobada por las bancadas legislativas. El presidente de la Comisión de Derechos Colectivos, Jorge Corozo, espera recibir la propuesta enviada por el Ejecutivo hasta mañana. Luego, contó a EXPRESO, definirán la hoja de ruta y sesionarán.
Esta mesa no se ha caracterizado hasta ahora por su gran producción. En agenda, por ejemplo, solo tiene a su cargo tres proyectos de los 48 previstos: Comunicación, la Ley Orgánica para las Personas Adultas Mayores (que también debe ser tramitada hasta agosto) y la Ley de Derechos Lingüísticos de los Pueblos y Nacionalidades (que debería aprobarse en el primer trimestre de 2019).
La de Comunicación representará una presión adicional para los legisladores pertenecientes a PAIS, CREO, Pachakutik y dos correístas. La presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, reconoció el jueves que es un “tema sensible y trascendente”. Ella garantizó “ecuanimidad”. Corozo ofreció “promover una ley participativa, inclusiva, equitativa, objetiva, en el marco de la garantía consagrada en la Constitución”.
Su trabajo no será sencillo: además de la reforma planteada por el presidente Lenín Moreno en la Asamblea hay otros 14 proyectos de reforma presentados desde 2009.
La propuesta más extrema es la derogatoria de la norma. Como ese es un escenario ahora descartado, los legisladores de la mesa de Derechos Colectivos tendrán que armonizar los textos. Una cosa curiosa es que, ahora mismo, la oposición tiene más coincidencias con el Ejecutivo que sus antiguos aliados, los correístas.
Wilma Andrade, de Izquierda Democrática, y Ángel Gende, de CREO, por ejemplo, también tenían como bandera la eliminación de la Superintendencia de Comunicación (es más, el proyecto de la primera se llama ‘Chao Supercom’). Patricia Henríquez, del PSC, iba en el mismo camino que el Gobierno en la conformación del Consejo de Desarrollo de la Comunicación (Cordicom): ella planteó que tengan representación la academia y los medios. Moreno da espacio a las facultades de Comunicación.
Del periodo pasado, también quedan propuestas. Los oficialistas Betty Carrillo quería normar las “prácticas relacionadas con la equidad de género” y Agustín Delgado creía necesario permitir la publicidad de bebidas de moderación, como la cerveza. Richard Guillén, del PSP, promovió el remate de los medios incautados. Solo el último planteamiento está recogido en el texto del presidente.
Los correístas, sin embargo, aún no se dan por vencidos. Cinco días antes de la entrega de la reforma del Ejecutivo, ellos también ingresaron su propuesta. Y va en vías contrarias. Lo firma Marcela Holguín, vicepresidenta de la Comisión de Derechos Colectivos, con el respaldo de 13 legisladores. ¿La sorpresa? Entre ellos está José Serrano, militante de PAIS, expresidente del Legislativo y, recientemente, sancionado por su agrupación.
Son 23 artículos que se basan en la existencia de la Superintendencia, en el régimen de sanciones administrativas y económicas en contra de los medios y en la presencia del defensor de audiencias. Tres de las cosas que suprime Moreno.
