Quieren evitar a como dé lugar la intervención de terceros. El Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral tuvieron ayer un primer acercamiento y llegaron a un acuerdo: las fechas previstas para las elecciones generales de 2021 no serán postergadas ni modificadas.

Los presidentes de ambos organismo, Diana Atamaint y Arturo Cabrera respectivamente, mantuvieron un encuentro ayer y firmaron un manifiesto en el que, además de ratificar la fecha del 7 de febrero para los comicios de primera vuelta, se comprometen a “preservar la estabilidad democrática como un interés superior del país”.

El encuentro fue propiciado por Cabrera, que llegó antes de las 09:00 al CNE, precisamente cuando se desarrollaba un pleno virtual en el organismo. Los funcionarios electorales no estaban al tanto de la presencia del presidente del TCE, que aseguró acudir con “todo el ánimo democrático”, para tratar de limar las asperezas que han surgido desde el 30 de octubre pasado, cuando los jueces electorales emitieron una sentencia favorable para el movimiento Justicia Social, que respalda la candidatura de Álvaro Noboa.

El fallo establece que el CNE otorgue a la organización política nuevos plazos para que pueda desarrollar procesos de democracia interna, aceptación e inscripción de candidatos. Esto porque entre el 16 de septiembre y el 3 de noviembre, Justicia Social había perdido su inscripción en el Registro de Organizaciones Políticas, algo que también fue restituido por el Contencioso Electoral.

Esto, según cuatro consejeros electorales, altera el cronograma electoral aprobado desde el 12 de marzo pasado y fue tomado como una injerencia en sus atribuciones, por lo que demandó ante la Corte Constitucional un posible conflicto de competencias.

¿Qué sucederá con las causas que se han abierto a nivel del Contencioso Electoral, en la Fiscalía y en la propia Corte Constitucional? “Espero que la ciudadanía comprenda que no es cuestión de tozudeces o de ver quién se sale con la suya. Existen actos administrativos, pronunciamientos y acciones iniciadas que no pueden detenerse: los de la Fiscalía en contra de los jueces y consejeros, la consulta a la Corte Constitucional”, señaló Cabrera.

El martes pasado, un colectivo compuesto por activistas y exfuncionarios electorales convocaron a una reunión al CNE y el TCE para lograr acuerdos. Cabrera considera que este tema tiene que ser resuelto de forma pública por ambas instancias, sin la intervención de terceros. 

La Corte inadmite demanda

La Sala de Admisión de la Corte Constitucional inadmitió ayer el trámite de la demanda por supuesto conflicto de competencias entre el CNE y el TCE.

Los jueces constitucionales Ramiro Ávila, Karla Andrade y Daniela Salazar, luego de analizar el documento enviado por la presidenta del CNE, Diana Atamaint, llegaron a la conclusión de que la demanda incumple requisitos tales como fundamentar cómo el pleno del TCE se atribuyó competencias propias del organismo electoral.

Además, señala que la falta de competencia de los jueces electorales para hacer ejecutar una decisión o sentencia se trata de una atribución reglamentaria y no tiene que ver con una competencia constitucional.