El CNE marcha sobre huevos
La mayoría del Consejo Nacional Electoral (CNE) va a terminar vacunando a buena parte de la opinión en su contra. Y eso no es un buen augurio institucional si se piensa que ese consejo es el llamado a organizar las elecciones del 2021. En teoría, este CNE, designado por Julio César Trujillo y demás miembros del Consejo de Participación Ciudadana-Transitorio, tenía que devolver la confianza a los electores tras una década en la que esa institución fue funcional al partido de Rafael Correa. El país recuerda la obsecuencia de sus miembros: Omar Simon, uno de sus presidentes, fue luego secretario privado de Correa. Juan Pablo del Pozo fue condecorado por el expresidente tras las elecciones polémicas en las que resultó elegido Lenín Moreno.
Este CNE ilustra, conceptualmente, la idea que tuvo el Cpccs-Transitorio: una institución conformada por partidos políticos y representantes de la sociedad civil. Sin embargo, desde las primeras horas tras su designación, los consejeros del CNE se dividieron en una mayoría de tres y una minoría de dos: Diana Atamaint, José Cabrera y Esthela Acero de un lado y Enrique Pita y Luis Verdesoto, por el otro. Esa fractura vuelve a tener como corolario de fondo razones políticas partidistas.
Una sentencia del Tribunal Contencioso Electoral confirmó la semana pasada la sospecha de que la mayoría del CNE es funcional al Partido Social Cristiano. Otro tema -la consulta de los Yasunidos- mostró, en la misma semana, que esa mayoría también es sensible a presiones que vienen del Gobierno o de otros actores económicos. En definitiva, la mayoría del CNE está haciendo méritos para licuar la confianza que despertó, en ese campo, la reinstitucionalización liderada por Julio César Trujillo.
Milita contra la confianza pública comprobar que el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) evaluó la posibilidad de destituir a los tres consejeros de la mayoría del CNE. Y decidió sancionarlos con una multa equivalente a 20 remuneraciones básicas. Esta resolución tuvo como antecedente los conflictos electorales en la provincia de Los Ríos. La mayoría tomó una decisión que luego, tras una impugnación del socialcristiano Pascual del Cioppo, dejó insubsistente. En definitiva, destituyó al presidente de la Junta Provincial Electoral de Los Ríos pero ratificó su decisión arbitraria. El efecto fue retrasar la entrega de resultados y la posesión de las autoridades; lo que causó un caos administrativo local.
En cualquier país serio, autoridades cuestionadas de esta forma renuncian: el TCE los acusa de haber apoyado una decisión ilegal e inconstitucional, que favoreció a un partido político. Aquí no. La mayoría del CNE sigue ahí. Diana Atamaint, su presidenta, también está involucrada en el escándalo del cura José Tuárez, presidente del Cpccs definitivo. Ella hizo parte del Consejo Electoral Transitorio que aprobó su carpeta a pesar de ser sacerdote, vestir como sacerdote y entregar documentos forjados. El juicio político en curso contra el cura Tuárez podría salpicarla. Paralelamente, hay acusaciones, hechas por la minoría, de que Atamaint está distribuyendo cargos en el CNE o tomando decisiones a cambio de apoyo político. No dar curso al pedido del Cpccs de Trujillo, de procesar la consulta popular escamoteada a los Yasunidos, hace parte de este capítulo. Además, el CNE no tiene facultades para interpretar lo que le asignaron, en este caso, el Consejo de Participación Ciudadana y la Corte Constitucional.
La mayoría del CNE está triturando así la confianza, capital insustituible para su reinstitucionalización.
