Un nuevo salto al vacío. Salvo que es ‘por el bien del país’, nada más se conoce de las negociaciones, exigencias y renuncias que permitieron a Revolución Ciudadana, Partido Social Cristiano (PSC), Alianza Democrática Nacional (ADN) y SUMA conformar una mayoría legislativa que empezará a operar desde mañana.

Es decir, el ciudadano común está abocado a confiar, una vez más, en la buena fe de los partidos políticos y sus dirigentes, aunque más son los chascos que se ha llevado el país por esta falta de transparencia y formalidad al momento de llegar a acuerdos y pactos.

Por ahora, lo que se conoce es que todos los participantes votarán por Henry Kronfle (PSC) para presidente de la Asamblea Nacional y que ADN se unió a este bloque con el objetivo de contar con los votos de una mayoría para impulsar dos leyes económicas urgentes que enviará el gobierno de Daniel Noboa en cuanto se posesione.

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¿A cambio de qué? Nadie, salvo ellos, lo sabe, porque no hay un pronunciamiento conjunto o documento escrito y refrendado que lo explique. Por “seguridad, salud, educación y trabajo” repiten los involucrados como si se tratara de un libreto aprendido, pero sin profundizar en el cómo.

“Sin condiciones, simplemente con un diálogo fluido han querido ser parte de una gran unión para sacar adelante al país”, dijo ayer Noboa al agradecer a sus nuevos aliados.

Marcelo Espinel, subdirector de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD), ve un peligro en que los acuerdos no sean transparentes hacia la ciudadanía y sean solo de palabra. Preferiría que se los haga de manera formal, a través de un documento que incluso permita a los ciudadanos fiscalizar, punto por punto, qué se cumplió, que se incumplió y qué se ocultó.

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“Es necesaria la suscripción de documentos y que esos vayan a la ciudadanía estableciendo claramente la agenda legislativa, cómo se pretende integrar las comisiones y cuál es la agenda de fiscalización. Lo grave sería que por atrás se haya pactado impunidad, reparto de hospitales, carnés de discapacidad”, advirtió Espinel.

Pero tampoco el documento escrito es garantía. La exasambleísta Wilma Andrade calificó como un “mamotreto” lo que firmaron su partido político, Izquierda Democrática, y Pachakutik en el anterior periodo legislativo y del cual no se cumplió prácticamente nada, porque en gran parte estuvo basado en la repartición de espacios de poder en el Legislativo, más que en acuerdos programáticos por el país.

Para Héctor Yépez, exasambleísta y actual director de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo (UEES), independientemente de que haya o no un documento firmado se debe transparentar lo acordado por estos partidos políticos, porque Ecuador no aguanta una decepción más.

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“Hoy que vivimos la peor crisis de inseguridad de la historia del país, necesitamos ver que cualquier pacto legislativo vaya más allá de los cargos y se concrete en acciones para devolver la paz y seguridad a las familias ecuatorianas. Si eso no se comunica ahora, habrá que esperar en los próximos meses si las acciones hablan por sí mismas y legitiman el acuerdo en la Asamblea con resultados para la gente”, manifestó Yépez.

Sin embargo, el riesgo también es que esas acciones acaben de confirmar, en el corto plazo que tiene para funcionar este Parlamento, lo que muchos sospechan: que el acuerdo incluye ver hacia otro lado en investigaciones y casos de corrupción que involucran a algunos de sus participantes, o que se concrete la idea de enjuiciar y destituir a la fiscal Diana Salazar, como ya ha anunciado el correísmo.

En lo que coinciden los analistas consultados es en la necesidad de lograr consensos en todos los cuerpos colegiados, más si se trata de agrupaciones que aparentemente tienen puntos de vista encontrados.

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