Los enfrentamientos con armamento de guerra, los secuestros de agentes penitenciarios y las huelgas de hambre en cárceles de nueve provincias del Ecuador han expuesto que el Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI) no tendría la capacidad para controlar los centros de privación de libertad.

Así se refleja en el Decreto Ejecutivo 823, del 24 de julio de 2023, firmado en Guayaquil por el presidente de la República, Guillermo Lasso. “Como un elemento negativo de la situación presente, se evidencia un inadecuado equipamiento y armamento de los servidores penitenciarios, lo que le da ventaja al poder de fuego de las PPL (personas privadas de libertad)”, se lee en el escrito.

Por ese motivo, “al verse desbordadas las capacidades del SNAI, se torna imprescindible el apoyo de instituciones como la Policía Nacional y Fuerzas Armadas”, se añade.

Según el documento firmado por Guillermo Lasso, el objetivo de Los Lobos sería “desacreditar la imagen del Estado”. No obstante, todo esto coincide con el acuerdo de paz entre Los Choneros y Los Tiguerones, un hecho que fue ‘oficializado’ y celebrado por sus miembros el lunes 24 de julio.

¿Qué pasará ahora? Renato Rivera Rhon, coordinador del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, explica que es necesario considerar algunos puntos: “debemos tomar en cuenta que Los Lobos han ganado muchísima fuerza en los últimos años, además de que tienen alianzas internacionales con organizaciones mexicanas y balcánicas que les dan mayor legitimidad y poder local”.

Por eso, cree que a corto plazo seguirían las fuertes disputas en las cárceles, con repercusiones en ciudades con puertos marítimos, como Machala y Guayaquil, por el control de puntos de salida de cargamentos con droga. El analista refiere que las negociaciones de paz con este grupo criminal “van a depender de un segundo plano, en el cual Los Lobos se sientan debilitados”.

¿EL ESTADO DE POR MEDIO?

Kléber Carrión, fundador de la Unidad Antisecuestro y Extorsión (Unase) y exdirector del sistema penitenciario en Santo Domingo, opina que estos sucesos serían “una pugna de poder, en la que está en medio el Estado, reconociendo la antagonía que tiene cada uno de estos grupos”.

Para el experto, esto “es malo”, porque se reconoce el control y la injerencia que tienen estas bandas. “Se necesita neutralizar a estos grupos, no reconocerlos”, afirma.

También explica que estos grupos están con el mejor postor. “Donde más se logran beneficiar, ahí estarán con sus contingentes”, indica. Además, concluye que tratarán de tomar más fuerza para tomar hegemonía, no solo de un territorio, sino de todo el país. “Tendríamos un solo grupo delictivo y el Estado sometido a este”.

LAS CLAVES

• Punto de partida. En el Decreto 823 se detalla que las bandas buscan “tomar posesión” de diferentes ciudades, pero se precisa que el “punto de inicio” es la antigua Penitenciaría del Litoral.
• Armamento bélico. En el documento se confirma que hay “gran capacidad de armamento en poder” de los presos, como “armas de fuego, de corto y largo alcance, y explosivos”.