Ni quince días duró la placa que el juez de La Concordia, Ángel Lindao, mandó a colocar en el vestíbulo de la Asamblea: “Ningún poder del Estado está por encima del control constitucional”, decía. Este martes, sin entrar en debates teóricos sobre la irreprochable veracidad de la frase y con ochenta votos a favor, el Pleno decidió que dicha inscripción era “vergonzosa, humillante y despreciable”. Y la mandó a quitar. Correístas, socialcristianos y sus infaltables aliados de la disidencia de Pachakutik y la Izquierda Democrática apoyaron la moción. El presidente Virgilio Saquicela, quien fue quien autorizó la colocación de la placa a fines del año pasado (cuando, en un arrebato de lo que pudo ser sometimiento constitucional o simple miedo, decidió acatar todo lo mandado por el juez), se había evaporado de la sala. Sin embargo, como se trata de un amigo, al fin y al cabo, nadie le echó en cara su pusilanimidad en este caso. Le perdonaron la vida.

Los socialcristianos fueron los más entusiastas promotores del desacato. La iniciativa corrió por cuenta de uno de ellos, Pablo Muentes, cuyos argumentos basados en los criterios de honor y vergüenza parecían extraídos directamente de las páginas de ‘El conde de Montecristo’: “No hay justificativo para que agachemos la cabeza y seamos la vergüenza pública aceptando esa placa”, leyó con dificultad del discurso que llevaba escrito. Para su compañero de bancada, Esteban Torres, se trata de un paso “fundamental en la dinámica política que tiene la Asamblea con el resto de poderes del Estado”, que él parece identificar con un juego de ajedrez sangriento. “Que no es por la placa, sino el contenido de ella”, terció Nathalie Viteri, que obviamente no entiende nada, pues el contenido de la placa es irrefutable. Luis Almeida volvió con sus sinuosas acusaciones de corrupción contra los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana, denuncias que esboza confusamente, que no se apoyan en pruebas y que no vienen a cuento.

La declaración más vistosa del debate la aportó la correísta Viviana Veloz. En su afán por descalificar al juez Lindao, no dudó de echarle en cara sus amigos: “No olvidemos -dijo- que este juez fue el que devolvió los bienes a Leandro Norero”. Lo cual es todo un avance de parte suya y de su bancada. Quizá tirando de esos hilos puedan llegar a cierta piscina de Miami y a la figura de un asambleísta que se siente al lado suyo.

El debate sobre la placa, que culminó hacia el fin de la tarde con su retiro físico (hay cosas en las que la Asamblea no pierde el tiempo) fue el tema más destacado de una jornada parlamentaria que estaba llamada a ser, en los papeles, la más productiva del actual período, de cumplirse con la agenda propuesta por Virgilio Saquicela. En efecto, en un delirio de responsabilidad legislativa inverosímil, el presidente había convocado a cuatro sesiones (a las 10:00, a las 14:00, a las 15:00 y a las 15:30), en las que aspiraba a conocer y resolver sobre tres vetos presidenciales, aprobar dos leyes en segundo debate e instalar el primer debate de otras tres. En total, ocho debates que recorrían el espectro de los problemas nacionales, desde la seguridad hasta los derechos de los niños, en un solo día. ¿En cuántos de estos temas avanzó? Al cierre de esta edición, en uno.

¿Qué explica semejante improductividad? Lo de siempre: al inicio de la primera sesión se aprobaron dos pedidos de cambio del orden del día (uno sobre la placa de marras, otro para aprobar una resolución inservible contra la minería ilegal en el cantón Taisha) y Saquicela, sin el menor interés por acometer la extensísima agenda que tenía por delante y que él mismo se había impuesto, decidió tratar esos temas intrascendentes primero. Esto ocurrió pasadas las diez de la mañana. Dejó al Pleno instalado en semejantes trivialidades y se evaporó hasta bastante después del mediodía.