Los casos de corrupcion no despegan en la Fiscalia

El rostro de la red de corrupción detectada en Petroecuador no termina de dibujarse en la Fiscalía. Hasta ahora, ninguno de los indicios de corrupción detectados por la Contraloría ha sido confirmado o desechado en una sentencia.

Desde el año pasado, la entidad de control ha enviado, al menos, 35 informes con responsabilidad penal relacionados con la estatal, confirmó a EXPRESO, la Fiscalía.

Los casos son investigados por 10 fiscales en Guayas, Pichincha y Esmeraldas. Cuatro de ellos aterrizaron en la justicia con dos llamados a juicio y dos instrucciones fiscales por enriquecimiento ilícito y peculado.

Los demás no han pasado de la investigación previa. Una etapa que puede tomar hasta dos años y en la que el fiscal debe encontrar elementos que configuren el presunto delito.

En esa situación se encuentran 31 de 35 informes de la Contraloría. De ellos, hay nueve por supuesto enriquecimiento, 19 por peculado, dos por tráfico de influencias y uno por perjurio (ver gráfico).

La mayoría de informes llegó a manos de los fiscales, el año pasado. En ellos la Contraloría –también después de un largo proceso de investigación, cruce de cargos y descargos con los acusados– sugiere al organismo investigador que se recepten las versiones de los servidores que participaron en la redacción de los documentos.

Uno de los denominadores comunes de los documentos que estudia con calma la Fiscalía, es la supuesta participación de tres exgerentes civiles que asumieron el cargo tras el retiro de Petroecuador de los miembros de la Armada. Ellos son: Marco Calvopiña y Álex Bravo, que están detenidos, y Carlos Pareja Yannuzzelli, prófugo en Miami, EE. UU.

Pero no son los únicos, también son señalados otros exfuncionarios de alto rango –como el gerente de comercio internacional–, sus familiares y varios contratistas.

Pablo Encalada, exfiscal y abogado en libre ejercicio, cree que los informes demoran en ser judicializados porque no son bien sustentados. “Por un lado no tienen un filtro jurídico y por otro el contralor tiene como política institucional sacar la mayor cantidad de informes con indicios, y echarle la carga a la Fiscalía”, dijo.

El contralor no está de acuerdo. En varias declaraciones públicas, Carlos Pólit ha insistido en que los informes de la Contraloría van con sustento y “debería tomárselos directamente”, aunque también ha reconocido que esa es competencia exclusiva de la Fiscalía.

Según la entidad de control, entre 2002 y 2016 se establecieron 661 millones de dólares en glosas y órdenes de reintegro. Eso fue producto de más de 2.000 informes con indicios de responsabilidad penal que se enviaron para investigaciones.

Instrucción fiscal

Delincuencia organizada

A la vista un nuevo juicio por la presunta corrupción registrada en Petroecuador.

Los sospechosos son los exgerentes Marco Calvopiña, Carlos Pareja Yannuzzelli y Álex Bravo, entre otros acusados de delincuencia organizada.

La instrucción fiscal se cerró y se espera una fecha para la audiencia preparatoria de juicio.

Los exservidores fueron señalados como los presuntos líderes de la corrupción denunciada en la estatal.

Bravo y Pareja ya fueron sentenciados en febrero a cinco años de cárcel por supuesto cohecho.

Con ellos también se condenó a otras 14 personas. Dos procesados fueron declarados inocentes.