Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, llega a Quito para la audiencia del caso Triple A.
Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, llega a Quito para la audiencia del caso Triple A.RENE FRAGA

Caso Triple A: Aquiles Álvarez se presenta en su audiencia en Quito

La audiencia preparatoria se reinstaló. Álvarez espera que el juez no ordene su prisión ni imponga el grillete electrónico 

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, viajó este viernes 13 de junio a Quito para asistir a su audiencia preparatoria de juicio en el caso conocido como Triple A

Él está procesado por una presunta comercialización ilegal de combustible y su audiencia se desarrolla en el Complejo Judicial Norte.

"Yo estoy esperando que el fiscal presente las pruebas que destruyen su teoría y al final veremos (...) Lo importante es que estoy dando la cara. No sé cuántas veces ha pasado esto en la historia del Ecuador. El alcalde de Guayaquil, denunciado injustamente, vinculado injustamente, procesado está aquí, físicamente, en Quito, en el Complejo Judicial Norte, dando la cara, respondiendo como tiene que ser", dijo el Alcalde.

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Está previsto que la diligencia se extienda a seis jornadas, en dos bloques: primero del 13 al 15 de junio y luego del 20 al 22, según fijó el juez Renán Andrade.

En la audiencia también se debe evaluar un pedido del fiscal Carlos Alarcón para cambiar las medidas cautelares a Álvarez debido a que él reusó ponerse el grillete electrónico.

¿En qué consiste el caso Triple A?

La Fiscalía investiga un presunto delito de almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de productos derivados de hidrocarburos, especialmente diésel subsidiado.

Según fuentes oficiales, hay diferencias entre el volumen de diésel despachado y facturado, lo cual sugiere un posible desvío a zonas fronterizas y mineras donde no está destinado.

El proceso involucra a 15 personas naturales (incluido Álvarez) y seis empresas vinculadas, como Copedesa y Corpalubri, presuntamente relacionadas con los combustibles.

Antecedentes judiciales

El caso se inicia tras una denuncia interpuesta por la Agencia de Control de Hidrocarburos en julio de 2024, seguida de allanamientos en Guayaquil y Milagro.

En diciembre de 2024, se formuló cargos contra cinco personas y cinco empresas, con medidas cautelares, aunque el juez descartó prisión preventiva.

En abril de 2025 se vinculó a Álvarez y otros 10 imputados, y en mayo la audiencia preparatoria se instaló pero se suspendió por falta de documentos en el expediente.

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