El empresario Esteban Merlo Hidalgo hablará para salvarse. Todas y cada una de las compañías y cuentas bancarias que usó para lavar dinero, producto de sus supuestos negocios ilícitos con Seguros Sucre y Seguros Rocafuerte y para pagar coimas a funcionarios públicos, serán reveladas ante el Departamento de Justicia de los EE. UU.

Mientras la justicia norteamericana desarma el esquema de corrupción, en Ecuador él no está procesado, aunque fue uno de los seis países por donde el dinero de la corrupción pasó, además de Panamá, Suiza, España, Reino Unido y Estados Unidos.

Es más, una de sus empresas sigue activa. Se trata de Sfera Constructora (Inmodaniels). En Quito posee dos edificios. Y planea construir uno más en Cumbayá. En Lima, capital de Perú, tiene otros tres edificios.

Hasta julio de 2022, Sfera Constructora informaba en su página web que era miembro de la Corporación AGP, “con presencia en Ecuador, Estados Unidos, Perú y España, en varias ramas de negocios”.

Todos los datos fueron borrados de su página web, después de que EXPRESO reveló que Sfera Constructora fue constituida por John Luzuriaga, quien vendió sus acciones en 2013, el mismo año que Merlo las compró. Hoy, ambos se han declarado en los Estados Unidos como autores de lavado de activos; Luzuriaga, por la trama de corrupción en el caso Isspol.

Los rastros de la Corporación AGP también fueron eliminados de internet. Allí se detallaban sus negocios como aseguradora para varias empresas de Costa Rica, justo el país donde se encuentran los socios de Merlo: Christian Pintado García y Luis Lenin Maldonado Matute.

Este Diario contactó a Howard Srebnick, abogado de Merlo, pero hasta el cierre de la edición no respondió un correo.

Pese al esfuerzo por desvanecer las compañías, en los registros públicos de Ecuador y Reino Unido quedan los documentos de respaldo. En Reino Unido, por ejemplo, consta la creación de Great Lakes International Services LLP en 2009.

En 2018, después de que Estados Unidos comenzó a investigar la trama de corrupción de Seguros Sucre, el nombre de la firma fue cambiado a Corporación AGP, el mismo asociado con la constructora.

Además de la inmobiliaria, Merlo tuvo una empresa denominada AGPlanes, constituida en 2011, como una firma que brindaba asesoría a otras compañías y que tiene como accionista a Pintado. En 2012 una parte de su paquete accionario fue comprado por Great Lakes International Services LLP, que tiene como accionistas a Merlo, y de nuevo aparecen Pintado, Maldonado y Carolina Matheus. Ella no está procesada.

Confidencialmente, la firma fue disuelta cuando Estados Unidos comenzó su investigación por la trama de sobornos de Seguros Sucre e identificó a su expresidente, Juan Ribas Domenech, como uno de los funcionarios que cobraron los sobornos.

Este Diario envió un correo electrónico a Carolina Matheus, pues además de tener acciones en Corporación AGP también es gerente de Sfera Constructora. No contestó.

Alrededor de Merlo, Pintado y Maldonado hay otra compañía cuyos nombres o accionistas coinciden. AGP&S C. A., creada en 2017, está aún activa y funciona en el edificio Global Sfera, en el norte de Quito.

Para EE. UU., la creación de compañías en varios países sirvió para transferir las ganancias corruptas, “con la intención de ocultar y disfrazar la naturaleza, ubicación, fuente, propiedad de origen ilícito”.

El acuerdo de delación judicial

Merlo, un ciudadano con doble nacionalidad (ecuatoriana y estadounidense) y residente en Miami, firmó un acuerdo de cooperación con el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Aceptó que recibirá la pena que le imponga la Corte de Florida. Él se enfrenta a una condena de hasta 10 años de cárcel y libertad vigilada por tres años. La multa que se le imponga podría ser del doble del valor de los pagos ilícitos a los funcionarios ecuatorianos.