El 21 de septiembre de 2022, se  creó una mesa técnica para la creación de un sistema de protección nacional para fiscales y jueces que tienen en su poder el procesamiento de casos relacionado al narcotráfico y el crimen organizado. Todo esto, tras el asesinato del fiscal Édgar Escobar en los exteriores de la Fiscalía del Guayas.

Casi un año después ese ofrecimiento sigue en el mismo estado, y este 17 de enero se asesinó con más de 20 disparos al fiscal César Suárez Pilay que además de llevar el caso de terrorismo en TC Televisión, contaba con un historial de procesos polémicos y en varias ocasiones había sido amenazado de muerte.

Aquella mesa técnica de 2022, conformada por el Ministerio del Interior, la Policía, el Consejo de la Judicatura y la Fiscalía tenía la misión de reportar los avances de seguridad para funcionarios cada semana para establecer finalmente un protocolo a seguir en caso de una amenaza latente.

Pero solo se avanzó hasta una resolución de varios pasos después de la mesa técnica: seguía que la Policía iba a priorizar la atención a los requerimientos de protección y seguridad de los servidores judiciales.

Luego de ello, se iba a estructurar la unidad de protección judicial para fortalecer esquemas y procesos. Para finalmente “fortalecer las protecciones de las infraestructuras, la tecnología y equipo humano de protección”.

Pero antes de ello, se debía realizar un estudio de infraestructuras para verificar los protocolos de seguridad con el fin de actualizarlos y ejecutar.

“El plan de protección a fiscales es algo que nadie ha visto y se desconoce que realmente exista. Porque lo único que se ve son fiscales muertos porque tampoco es que se observa a fiscales con escoltas. La policía no tiene capacidad para dar esa protección, peor ahora que estamos en un conflicto armado interno con el decreto 111”, cuestionó el abogado penalista, Julio César Cueva.

En tanto que la fiscal general del Estado, Diana Salazar, difundió un audiovisual en el que señalaba que el asesinato Suárez es un claro “mensaje” de los grupos criminales y terroristas hacia quienes participan en el sector de la justicia.

“No detendrán nuestro compromiso con la sociedad ecuatoriana... hacemos un llamado a las fuerzas del orden para garantizar la seguridad de quienes nos encontramos en el cumplimiento de nuestras funciones y al Consejo de la Judicatura para que las audiencias se desarrollen en forma telemática”.

La funcionaria expuso que ya se investigaba el hecho para que no quede en impunidad su muerte. La Policía expuso que ya se había desplegado unidades especializadas para dar con los responsables del crimen.

Suárez ya había sido amenazado en 2018, en 2019 y en 2021 cuando se encargó de procesos relacionados al tráfico de influencias, narcotráfico, delincuencia organizada y peculado.

Joan Paúl Egred, abogado penalista, recuerda que es necesario optimizar los tiempos en los análisis de riesgo que ejecuta la Policía Nacional para proporcionar seguridad a los operadores de justicia. “Tenía causas importantes y debió ser protegido, si se hubiera hecho, no estaríamos hoy lamentando su muerte. Eso demuestra que el Estado no tiene la capacidad de proteger”.

• Cronología 

 10/07/ 2019  El fiscal de Daule, Carlos Karolys, fue asesinado en la vía Perimetral, en Guayaquil.

25/05/2022  La fiscal Luz Marina Delgado fue asesinada en Manta, Manabí. Fue ejecutada, bajo la modalidad de sicariato, junto a un abogado.

16/08/2022  El fiscal Federico Estrella fue asesinado, bajo la modalidad de sicariato, en Babahoyo. Retornaba a casa, tras sus labores como docente.

19/09/2022 El fiscal Édgar Escobar fue asesinado, también bajo la modalidad de sicariato, en los exteriores de la Fiscalía en Guayaquil.

01/06/2023 El fiscal Leonardo Palacios fue asesinado a tiros en Durán.

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